La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a una pena de dos años de prisión por un delito de estafa de especial gravedad a un hombre que se hizo pasar por un importante inversor para estafar a un astillero en Perú.
El juicio por estos hechos estaba previsto para la mañana de este miércoles, pero no ha llegado a celebrarse al llegar todas las partes a un acuerdo de conformidad, por el que el hombre –después de que la Fiscalía informase favorablemente– verá suspendida la pena de prisión a condición de que no vuelva a delinquir durante un periodo de dos años.
Así, aunque inicialmente el Ministerio Público pedía 3 años de cárcel y multa de 2.430 euros para el hombre, todas las partes han llegado a un acuerdo por el que el varón ha sido condenado ‘in voce’ a una pena de dos años de cárcel y a pagar una multa de 1.080 euros por un delito de estafa de especial gravedad, con la atenuante de reparación del daño.
El hombre, junto a su letrado, ha comparecido por videoconferencia desde Almería. La sentencia por conformidad fue declarada firme en Sala y se ha decretado la suspensión de la pena a condición de que no cometa ningún delito en un plazo de dos años, con lo que «si delinque se podría revocar».
HECHOS JUZGADOS
Según el escrito de acusación pública, este hombre tuvo conocimiento de que una empresa, con motivo de la adjudicación de un contrato de construcción de un barco por casi 20 millones de euros, necesitaba una carta o garantía de fiel cumplimiento del contrato, una especie de aval o fianza que, en este caso, debía hacerse por valor del 10 por ciento del contrato y a favor del astillero SIMA Perú.
El acusado sabía que ese documento tenía que ser emitido por una entidad financiera solvente y trasladado al banco de referencia del astillero, por lo que se hizo pasar por un importante inversor, dueño de varios hoteles y otros negocios millonarios, y se prestó a conseguir ese aval para la empresa que lo necesitaba.
Así, presentó a esta empresa una copia de una supuesta carta de la Banca Nazionale del Lavoro y aseguró que la había recogido en mano en Italia, enviando directamente el original a Perú. Todo ello resultó falso, ya que no había hecho gestión alguna con la entidad financiera.
Sin embargo, en agosto de 2014 firmó una escritura pública de contrato con la empresa, mediante la cual la mercantil le pagó más de 55.400 euros como comisión, sin que él hubiera cumplido sus obligaciones.
