El Ministerio de Industria asegura seguir «de cerca y con preocupación» la investigación a Alu Ibérica en Avilés y A Coruña, tras los registros efectuados por agentes de la policía en ambos centros de producción.

Fuentes del ministerio que dirige Reyes Maroto han señalado a Europa Press que el departamento confía «en que esto ayude a asegurar la viabilidad de la empresa».

La operación está bajo secreto de sumario y este jueves ha incluido actuaciones en las provincias de Madrid, A Coruña, Asturias, Málaga y Castellón, en busca de indicios sobre la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio en A Coruña y Avilés.

Las plantas pertenecían a Alcoa hasta que anunció en 2018 que quería cerrarlas. Finalmente, la firma estadounidense se la vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital. Poco después, el Grupo Industrial Riesgo adquirió las instalaciones, que ya tenían el nombre de Alu Ibérica.

A finales del pasado año, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas por la venta.

La querella se presentó por hechos que a juicio de los sindicatos son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, y se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group.

En la planta de A Coruña, el comité tiene convocada una huelga desde el 26 de diciembre por el despido de una trabajadora, al que se sumó posteriormente el de cuatro representantes sindicales, entre ellos el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho.

Esta semana, el juzgado de lo social número 1 de refuerzo de A Coruña condenó a la empresa por vulneración de derechos fundamentales en relación al ejercicio de la libertad sindical.