El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas para reclamar al Gobierno la transferencia a Galicia del Pazo de Meirás, después de la sentencia que confirma la titularidad pública del inmueble.

Lo hace con el objetivo de lograr que el Pazo sea «definitivamente del pueblo gallego» y para destinarlo a un lugar «centrado en la memoria histórica y democrática».

La iniciativa del nacionalista pone el foco en «la necesidad de abrir una nueva etapa» después de la reciente sentencia del Supremo que confirma la titularidad pública del inmueble.

El Bloque considera que este hito, «resultado de la movilización social y del trabajo de las entidades memorialistas», debe tener «continuidad con un modelo de gestión plenamente vinculado a la sociedad gallega».

Rego subraya que «es el momento de dar un paso adelante y garantizar que el Pazo de Meirás sea gestionado desde Galicia para Galicia, como un verdadero lugar de memoria democrática».

«No llega con recuperar la titularidad pública, es necesario asegurar un uso coherente con la historia de expolio y represión que representa este espacio», recalca.

Asimismo, defiende una transferencia que asegure la titularidad y el uso público, «con especial atención a los contenidos relacionados con la memoria histórica democrática y la represión franquista, asegurando compromisos claros de financiación».

«Este proyecto debe contar con la participación activa de la sociedad gallega a la hora de definir los usos y la gestión del Pazo, destacando el papel central de las entidades memorialistas que fueron decisivas en su recuperación», incide el diputado.

Por otra parte, critica que «no tiene ningún sentido que los ladrones sean compensados y no que la sociedad gallega sea compensada por la apropiación indebida de Meirás», y reclama al Gobierno «pelear judicialmente» el pago de una indemnización a la familia Franco.

Al respecto de esto último, señala a Feijóo y al PP como «responsables», ya que «siendo presidente de la Xunta encargó la elaboración de un informe en que se establecía que los descendientes de Franco tenían la posesión de buena fe y que por tanto sería razonable compensarlos económicamente», algo que el BNG tacha de «completamente irracional e injusto».