La consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, ha defendido mantener la colaboración público-privada en el sistema de residencias, porque sitúa su coste «en niveles razonables» y cambiarlo podría hacerlas «inalcanzables». Por eso, ha apostado por «evaluar con precisión los costes» cuando se hable de un eventual cambio, porque su medicalización supondría «duplicar el gasto en salud» o «aumentar de forma muy significativa» el precio de cada plaza.

Así se ha pronunciado este viernes la responsable en España de la principal empresa gestora de geriátricos, durante su comparecencia en una tensa sesión de la comisión del Parlamento gallego para la reactivación social y económica tras la pandemia del coronavirus.

En su discurso, la responsable de DomusVi ha aseverado que los cambios planteados «podrían convertir estos servicios en inalcanzables para las personas y las familias más desfavorecidas».

«Cuando se deja andar a la imaginación, en vez de avanzar sobre estudios serios de servicios, y en vez de programar residencias reales, se programan paraísos terrenales. Se recurre fácilmente a la idea de estatalizar el servicio (…) y se deja hablar de coste para solo hablar de derechos», ha añadido.

Josefina Fernández, quien ha empezado su intervención expresando sus «respetos y condolencias» hacia las personas que perdiesen a algún ser querido durante la pandemia de la COVID-19, ha puesto el foco en «reconocer la excelente labor y valentía» de los trabajadores sanitarios y de los centros geriátricos: «Héroes anónimos que han estado y están en primera línea de combate».

El momento más tenso de la sesión se ha producido cuando, por parte de la oposición, el diputado socialista Pablo Arangüena le censurase porque «aún no tuvo a bien reunirse con las familias de las víctimas» del coronavirus en sus residencias. También le ha acusado de tributar en «paraísos fiscales» y le ha preguntado si su negocio «mejoró» a raíz de su «relación personal» con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Tras la intervención del socialista, el presidente de la comisión, el popular Diego Calvo, ha pedido «disculpas» a la compareciente y ha recordado a Arangüena que se trata de una comisión «de estudio, no de investigación» y que «si tiene alguna cosa que quiera denunciar o demostrar, tiene otras vías a las que acudir».

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