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La CIG ve a la Xunta «cómplice necesario» de lo ocurrido en el centro de Salvaterra y reclama una investigación

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La Central Intersindical Galega (CIG) reclama la apertura de una investigación en la residencia privada de Salvaterra de Miño (Pontevedra) por unas «deficiencias» que llevaron a que la asociación Traballadores de Residencias de Galicia (Trega) pusiese una denuncia ante la Inspección de la Consellería de Política Social.

Tras la publicación de este escrito, la CIG ha emitido un comunicado en el que tacha a la Xunta de «cómplice necesario» de una «sobrecarga» de trabajo de la que, según recuerda, alerta el sindicato «desde el año 2017».

Por esto mismo, la central nacionalista exige al Gobierno gallego «un cambio radical» en el modelo de gestión de los geriátricos y de la atención a personas dependientes: «Para que por lo menos todo el drama que estamos viviendo tenga la utilidad que las continuas denuncias no tuvieron».

Asimismo, la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido en este centro durante «años» permitiría, según la CIG, «determinar la responsabilidad tanto de las administraciones que en su día fueron informadas de las irregularidades existentes como de la propia dirección de la residencia, que mantiene unas condiciones de explotación laboral y de atención deficiente».

A esto se suma que, de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por la Consellería de Política Social, el geriátrico de Salvaterra contabiliza un total de 91 casos de COVID-19 –64 usuarios y 27 trabajadores– y varios fallecidos. Esta situación llevó a que el centro fuese intervenido por la Xunta el pasado 29 de octubre.

ACUSACIONES A CC.OO.

Precisamente, este mismo lunes la secretaria comarcal de CC.OO. en Vigo, Amelia Pérez, lamentaba en una rueda de prensa conjunta con UGT que «nunca» hubo una «fiscalización seria» de este centro de instalaciones «tercermundistas» que tiene decenas de plazas subvencionadas por la Administración autonómica.

Tras estas declaraciones, la CIG recuerda a CC.OO. que en su momento –en 2017– «negó» las deficiencias de la residencia y que incluso «logró representación sindical en el centro con la colaboración de la propia dirección».

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