Medio centenar de personas han protagonizado este domingo una marcha por el centro de Cangas (Pontevedra) para reclamar «justicia» para los fallecidos por la pandemia de COVID-19 en la residencia DomusVi de Aldán y para sus familiares.

«Queremos saber, porque todavía no lo sabemos a día de hoy, cuántos muertos oficialmente ha habido», denuncia el presidente de la asociación Vellez Digna, Francisco Xosé Bernárdez, en declaraciones a Europa Press.

Este ha sido uno de los motivos por el que este colectivo, integrado en la Federación Galega de Usuarios e Familias de Residencias e Dependencia (REDE), ha promovido demandas ante los juzgados y la Fiscalía la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus en los geriátricos gallegos y, señaladamente, los de la marca DomusVi.

Precisamente, esta misma semana el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cangas abrió diligencias penales previas tras una querella presentada por las hijas de dos usuarias –una fallecida y otra contagiada– contra la consejera delegada de DomusVi España, Josefina Fernández; la directora de la residencia de Aldán –que fue intervenida por la Xunta durante la pandemia al detectarse más de un centenar de positivos–; y dos altos cargos de la Xunta: la jefa de Inspección de Maiores e Discapacidade, Berta Besada, y el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa.

Al respecto, el presidente de Vellez Digna confía en «que la justicia actúe, visto que la Administración no ha actuado». En este sentido, critica que la Xunta «no ha encontrado ningún fallo en su gestión», pero porque «ni ha buscado». «Ni va a haber ningún cambio y como vuelva un rebrote (de coronavirus) estaremos en las mismas», añade Bernárdez.

Por eso, y tras el archivo de las primeras denuncias por parte de una juez que no vio indicios suficientes de delito, ahora los familiares esperan encontrar «otra cara de la justicia». «Porque la que nos encontramos hasta ahora no es la que nos esperábamos», lamenta.

LOS FALLECIDOS, HASTA «38»

Uno de los objetivos de la marcha que ha salido en la mañana de este domingo del Ayuntamiento de Cangas, encabezada por una pancarta que versaba ‘Residencias 100% públicas’, ha sido el de reclamar la cifra de muertos «real» que dejó la pandemia, porque, según REDE, podría alcanzar los «38» cuando tan solo se reconoce una veintena.

A ello se suma la petición de los familiares de conocer «los expedientes médicos» de los fallecidos porque, según Bernárdez, «se les están negando para evitar que vayan al juzgado». En este sentido, dicen echar de menos «que la justicia no hubiese hecho una investigación de oficio» de lo ocurrido, porque temen que la empresa llegue a «destruir» estos informes.

Además, piden que «entren equipos médicos» al geriátrico de Aldán «y que evalúen las secuelas» dejadas tanto por la COVID-19 como por el aislamiento al que fueron sometidos los ancianos.

CONTINÚA LA PROTESTA FRENTE A LA RESIDENCIA

La marcha, en la que han participado en torno a 50 personas ataviadas con mascarilla, ha transcurrido por el centro del pueblo con desviaciones hasta lugares señalados como los juzgados y el centro de salud para «agradecer las actuaciones» de los sanitarios durante la pandemia, valora el responsable de Vellez Digna.

Una vez terminada esta manifestación, la comitiva se ha desplazado hasta las puertas de la residencia de Aldán, donde han continuado con unas reivindicaciones que son ya habituales de los domingos en la localidad.