En todo proceso electoral existe la posibilidad de, por motivos de salud, delegar los trámites que implica realizar el voto por correo en otra persona, que ha de recibir un poder público validado por un notario desplazado al domicilio del solicitante, quien tiene que contar con un certificado médico que acredite la imposibilidad de abandonar su residencia por razones de salud o incapacidad.

La figura del fedatario público ha sido apuntada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, como una de las posibles vías para garantizar la seguridad de los votantes en las elecciones gallegas del 12 de julio, una cita marcada también por la pandemia de coronavirus que obligó a suspender los comicios hace dos meses.

«Desde siempre, los notarios autorizamos los poderes electorales. Facultas a una persona para que, en tu nombre, vaya a buscar la documentación para realizar el voto por correo», señala la decana del Colegio de Notarios de Galicia, Isabel Louro, en declaraciones a Europa Press.

El solicitante está obligado a acreditar médicamente que su enfermedad o incapacidad le impide acudir al colegio o realizar él mismo el proceso del voto por correo, que requiere desplazarse de forma presencial a una oficina de Correos para solicitar la documentación y, una vez recibida, volver para entregar el sobre que contiene la papeleta.

En ningún caso, como recuerda la decana de los notarios gallegos, el poder electoral autoriza a una persona a acudir en nombre de otro a depositar el voto en urna. Es un poder exclusivamente válido para encargarse de los pasos que implican votar por correo en unas elecciones.

«El poder es para la retirada de la documentación. El acto de meter la papeleta en el sobre es personalísimo. Lo que puede es delegarse el trámite del voto por correo y su entrega en las oficinas de Correos», añade Louro.

Además, se trata de un poder individual, es decir, una persona tan sólo puede ejercer de apoderado de un elector. «Una persona no puede ser apoderada de 25 poderdantes. Tampoco un hijo puede recibir el poder de su padre y de su madre», incide Isabel Louro, que destaca que se trata de una función gratuita para el ciudadano que se presta en todos los procesos electorales, aunque es consciente de que las circunstancias excepcionales en las que se desarrollarán estos comicios pueden provocar una «avalancha» de solicitudes para obtener un poder electoral.

«En este momento puede haber una avalancha de solicitudes», señala la decana, que alerta de las limitadas capacidades del cuerpo de notarios en Galicia, donde ejercen unos 170 fedatarios, en el caso de que producirse miles de solicitudes. «Siempre presumo de que todos los gallegos tenemos un notario a menos de 30 kilómetros. Pero con el sistema tradicional, si hay 40.000 personas que solicitan un poder electoral, no hay posibilidades de hacerlo. Somos 170 notarios y damos para lo que damos».

Y es que la obligatoriedad de que el acto de dación de fe se realice de forma presencial, sumada a las características de distribución poblacional de Galicia, dificulta la capacidad de atender «miles» de solicitudes, si llegan a producirse ante unas elecciones en las que garantizar la salud tanto de votantes como de implicados en el proceso es el objetivo que se marcan las administraciones.

VIDEOCONFERENCIAS

No obstante, el Colegio gallego de Notarios pone sobre la mesa una posible solución a este hipotético problema: la habilitación de un sistema de videoconferencias para los actos de fe pública.

«El Consejo General del Notariado ha ido elaborando desde los primeros días de abril una serie de propuestas que, por el momento, no han sido recibidas por el Ministerio de Justicia para facilitar la realización de una serie de gestiones que requieren la presencia física ante notario por un sistema de videoconferencia», señala la decana.

Asegura que el sistema, similar al que se emplea en la Administración de Justicia, ya está listo y su implantación «agilizaría los trámites de otorgar poderes electorales» en una comunidad como Galicia con unas características geográficas y poblacionales.

Sin embargo, la dación de fe a distancia todavía no es posible, por lo que los notarios tendrán que desplazarse a los domicilios para habilitar estos poderes electorales, con lo que, como apunta la decana, se reducirá la capacidad de atender todas las peticiones en el caso de que se produzcan «miles».

En este sentido, el Colegio se encuentra a expensas de las decisiones que se adopten desde la administración y la Junta Electoral ante posibles cambios en el modo de proceder. «No sé qué propuestas puede tener la administración. Nosotros pensamos que una posibilidad es el sistema de videoconferencia. Pero estamos sujetos a lo que marque Justicia y lo que decida la junta electoral», añade Louro, consciente de que la «incertidumbre» rodea a todo en estos días de salida del cofinamiento y transición hacia la llamada ‘nueva normalidad’.

Aunque no se detuvo por ser considerado un servicio esencial, el mundo de la fe pública también atraviesa un período de transición hacia una nueva forma de actuar.

«Nos estamos adaptando. Espero que la situación vaya suavizándose. Ahora es una incertidumbre total. En estos días hemos aprendido a no hacer afirmaciones categóricas», incide la decana de los notarios gallegos, que resalta la necesidad de que el proceso electoral se dé «con máximas garantías, transparencia y seguridad desde el punto de vista sanitario». «Son cosas que hay que combinar. Fácil no es».