El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido este sábado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijó, que recurra inmediatamente a la vía judicial para reclamar el dinero que el Gobierno de España adeuda a Galicia por el IVA recaudado. «Ya está tardando», ha señalado Rego, «porque en este punto es evidente que lo prioritario es que el dinero que es de todos los gallegos llegue a donde tiene que llegar. Es injustificable que el Gobierno español pretenda quedarse con él».

En un acto en Vilagarcía, el diputado nacionalista ha recordado que el BNG «fue el primero» en reclamarle a Núñez Feijóo «firmeza en la defensa de los intereses gallegos» y en instarlo a que recurriese a los Juzgados para reclamar esa deuda. «Ahora parece que quiere acudir a la vía judicial, pero tanto el Partido Popular como el presidente de la Xunta siempre se negaron a ello», ha considerado.

Para Néstor Rego, este debate ha puesto en evidencia algo más importante, que Galicia tiene «un modelo de financiación totalmente inadecuado». Con ello, ha recordado que el BNG defiende un modelo de financiación basado en un concierto económico, que supondría que Galicia recaudase por medio de una Hacienda propia todos los impuestos y, después, se negociase con el Estado qué parte habría que darle.

Rego ha asegurado que este sistema tendría dos beneficios: «que el dinero lo tendríamos nosotros, y ya sabemos que quien tiene la llave del dinero es quien manda, y que Galicia obtendría más recursos».

EL MODELO DE NAVARRA Y PAÍS VASCO

Según los datos aportados por el diputado nacionalista, la diferencia en el ejercicio de 2017 entre lo que Galicia pagó en impuestos y lo que el Estado le devolvió fue de 4.500 millones de euros. «Aunque computásemos que 1.000 millones se los tuviésemos que dar al Estado, estamos hablando de incrementar en un 30% los recursos disponibles para Galicia, lo que tendría un efecto inmediato en la mejora de la calidad de vida y del bienestar de todos los gallegos», ha explicado.

En esta misma línea, ha añadido que este modelo sería perfectamente viable dentro del actual marco jurídico y político, porque es el que tienen Navarra y el País Vasco. «Y no les va precisamente mal con él», ha concluido.