Ciudadanos ha pedido al Gobierno que complete en el menor tiempo posible la instalación de todas las máquinas de diagnóstico y tratamiento que el empresario gallego Amancio Ortega donó a la Sanidad Pública a través de su fundación, un gesto que en su día fue criticado desde Podemos.

Tal y como recuerdan los naranjas, Ortega realizó una donación de 310 millones de euros al sistema público de salud con el objetivo de aumentar el número de equipos de radioterapia avanzada en los centros hospitalarios de todo el país. Ciudadanos explica que el empresario consiguió «triplicar» estas máquinas, una cifra que permitirá a unas 100.000 personas beneficiarse de ellas.

Antes de la aportación del dueño de Zara, explican los de Inés Arrimadas, poco más de 20 hospitales públicos en España contaban con la tecnología más avanzada en este campo, la radioterapia estereotáctica de cuerpo, mientras que ahora, dos años después del la donación, más de 70 hospitales disponen de este sistema.

SIN INSTALAR EN AUTONOMÍAS DESDE HACE TRES AÑOS

«Este sistema de radioterapia avanzada reduce el tratamiento de los pacientes con cáncer de 35 a cinco días, o lo que es lo mismo, siete veces menos, según los aportados por la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, que representa a los médicos que más en contacto están con estos equipos en el día a día», señala Ciudadanos en el texto registrado en el Congreso.

Pero en esta iniciativa, una proposición no de ley recogida por Europa Press, los ‘naranjas’ denuncian que «los servicios públicos de salud de algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, después de tres años todavía no los han puesto en funcionamiento, sin que se haya dado ninguna explicación al respecto».

Por ello, reclaman ahora que se usen cuanto antes y llaman al Ejecutivo a tratar este tema con los gobiernos autonómicos a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Este gesto del empresario gallego fue muy criticado por Podemos, que ahora forma parte del Gobierno. Sus líderes llegaron incluso a pedir al Ejecutivo que no se aceptaran estas máquinas argumentando que la sanidad pública ha de financiarse con impuestos y no debe depender «de la caridad» de «los millonarios».