Un juez de Madrid ha acordado abrir diligencias previas tras una denuncia por el incidente del bote de gas pimienta que exhibió en el Congreso la diputada del PP Ana Vázquez y ha pedido a los denunciantes, varios diputados, que aporten parte de lesiones.

Así lo ha hecho el juez Pedro Merchante, titular de la Plaza Número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, según avanzó ‘Okdiario’ y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Merchante ha incidido a los diputados denunciantes para que entreguen parte de lesiones antes de decidir si abre o no una investigación formal, han añadido las fuentes.

Sobre este asunto, el Congreso de los Diputados puso fin a la tramitación del expediente sancionador abierto a Vázquez debido a la disolución anticipada de las Cortes con motivo de la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre.

El PSOE y Sumar, que tienen mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, ya habían decidido imponerle una sanción de una semana de suspensión de empleo y sueldo.

Sin embargo, la propuesta de la Mesa debía ser votada en el Pleno del Congreso y la disolución de las Cortes hizo decaer el procedimiento, ya que no se puede celebrar la sesión plenaria que exige el reglamento para refrendar la sanción.

No obstante, desde la Mesa de la Diputación Permanente se ha amonestado a la diputada porque el incidente que protagonizó en la sesión plenaria del pasado 23 de septiembre es de «una indudable gravedad».

Según arguye, la introducción de armas en el recinto parlamentario está «completa e incondicionalmente» prohibida por el Reglamento y «se trata de un límite que ningún otro diputado o diputada había superado en este periodo constitucional».

«Las personas responsables no deben confundir la imposibilidad de imponer una sanción a causa de la disolución anticipada del Congreso con una condonación de su conducta», señaló la Mesa en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press.

En dicho escrito se subrayó que Vázquez, que sigue siendo miembro de la Diputación Permanente, es «políticamente responsable de una infracción grave del Reglamento» por introducir en el recinto parlamentario un «arma» que afectó a «decenas de personas», una de ellas con una baja médica, obligó a desalojar dependencias en tres edificios distintos y causó daños económicos «considerables».

«Su comportamiento en el hemiciclo, su decisión de exhibir durante unas horas un espray de gas pimienta en el recinto de la Cámara y su intento de descargar la responsabilidad en un subordinado» son, a juicio de la Mesa, conductas «reprobables y dañinas» para las Cortes Generales.