Galicia cuenta con 57 unidades de atención temprana que prestan servicio en más de 200 municipios y atienden a unas 6.000 familias, frente a las dos unidades que existían en 2009, y la Xunta prepara la puesta en marcha de un servicio de atención post-temprana para niños de seis a doce años que sigan necesitando apoyo especializado.

Así lo ha expuesto la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, en una comparecencia en la Comisión 5ª del Parlamento para hacer balance de la atención al colectivo durante la última década, en la que también ha avanzado que el Gobierno gallego trabaja en un plan estratégico de discapacidad con horizonte 2030.

La responsable autonómica ha defendido la evolución de la red de recursos para personas con discapacidad, con más de 5.900 plazas en centros de atención diurna y residencial, más de 1.000 creadas en la última década y más de 330 puestas en marcha durante la actual legislatura. De estas últimas, 110 corresponden al Centro de Atención a la Discapacidad de Ourense, de titularidad pública y que ofrece atención a distintas tipologías de discapacidad.

Además, ha destacado que la Xunta destina más de 110 millones de euros anuales al concierto social para dar estabilidad a las plazas concertadas y al sector que las gestiona. En la última década, ha invertido más de 55 millones en crear centros y reformar y equipar instalaciones existentes.

Abeijón ha reivindicado además la evolución desde un modelo centrado principalmente en los cuidados hacia otro que sitúa en el centro «los derechos, las preferencias y la capacidad de decisión de las personas», con el objetivo de que puedan desarrollar su proyecto de vida con los apoyos necesarios.

En esta línea, ha destacado iniciativas como el centro integral de atención al autismo de Friol, en el que la Xunta ha invertido cinco millones de euros y que contará con 48 plazas residenciales, así como nuevos recursos para personas con daño cerebral, discapacidad física y discapacidad intelectual asociada a enfermedad mental. También ha citado la unidad especializada de Bóveda, con 24 plazas.

La red de atención temprana y post-temprana, el acceso al empleo, la educación inclusiva, la vida independiente y el refuerzo de los servicios en el rural figuran entre los retos señalados por la directora xeral. La Xunta trabaja además en el primer plan gallego del autismo, que se integrará en la estrategia de discapacidad hasta 2030.

En cuanto a la colaboración con las entidades sociales, ha destacado que el Gobierno gallego destina una media de 12 millones de euros anuales a programas de ocio inclusivo, respiro familiar, atención temprana, formación, inserción laboral y apoyo a las familias, entre otros, y ha señalado que estas actuaciones llegan a más de 140.000 personas con discapacidad.

DO CUESTIONA EL IMPULSO AL CENTRO DE OURENSE

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha cuestionado que la Xunta presente como un logro el Centro de Atención a la Discapacidad de Ourense y ha asegurado que su construcción fue fruto de las movilizaciones de familias y colectivos afectados, después de que la Administración autonómica no impulsase el proyecto inicialmente.

Ojea ha defendido la labor de estas asociaciones, que, según ha señalado, han tenido que organizarse históricamente para cubrir necesidades que las administraciones no atendían. También ha criticado que los servicios dependan en buena medida de entidades sociales y ha reclamado una mayor implicación pública.

Además, ha denunciado el mal estado de la señalización y los accesos al Centro de Educación Especial Miño, en Velle, en una carretera de titularidad autonómica, y ha acusado a la Xunta de mantener una discriminación hacia la provincia de Ourense.

PSDEG VE UNA RED «FRAGMENTADA» Y RECLAMA PLANIFICACIÓN

La diputada del PSdeG Silvia Longueira ha valorado que la Xunta esté trabajando en un plan estratégico de discapacidad, pero ha criticado que Galicia carezca desde 2010 de un plan estratégico general de servicios sociales, que considera necesario para coordinar los recursos y garantizar una atención homogénea en todo el territorio.

Longueira ha alertado de las diferencias en la calidad y continuidad de la atención temprana, especialmente en las zonas rurales y periurbanas, y ha señalado que algunas familias deben recurrir a servicios privados para cubrir necesidades que no encuentran en la red pública.

También ha cuestionado las carencias de la educación inclusiva, con problemas de continuidad en los apoyos de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y ha reclamado más estabilidad para las entidades del tercer sector, que considera esenciales para prestar estos servicios.

En este sentido, ha criticado las condiciones de financiación del concierto social y ha advertido que las ayudas no siempre cubren el incremento de los costes, lo que ha llevado a algunas asociaciones a afrontar dificultades económicas para mantener los recursos y la atención.

BNG DENUNCIA QUE SOLO EL 8% DE LOS CENTROS SON PÚBLICOS

La diputada del BNG Olalla Rodil ha acusado a la Xunta de anunciar «reiteradamente» el plan estratégico de discapacidad sin concretar aún su contenido y ha reclamado «menos propaganda y más garantías» de derechos y servicios públicos.

Rodil ha denunciado además que la Xunta incumple desde hace más de una década la ley gallega de accesibilidad de 2014, que preveía desarrollar un reglamento y un plan de accesibilidad en un plazo máximo de dos años.

La nacionalista ha puesto el foco en la titularidad de los centros. Según los datos que ha aportado, de los 265 recursos para personas con discapacidad existentes en Galicia, 238 pertenecen a asociaciones y entidades sociales, mientras que solo 22 son de titularidad pública, alrededor del 8%.

A su juicio, este reparto demuestra que la Administración autonómica descarga en las familias, las entidades y los ayuntamientos buena parte de la responsabilidad de garantizar los apoyos. Ha reclamado que la Xunta lidere una red pública más amplia, con servicios homogéneos en todas las localidades y más plazas para personas con daño cerebral adquirido, además de ampliar la atención temprana más allá de los seis años.

PPDEG DEFIENDE LA POLÍTICA EN MATERIA DE IGUALDAD

Por parte del PPdeG, la diputada del PPdeG Dolores Hermelo ha defendido la gestión de la Xunta en materia de discapacidad y ha puesto en valor los recursos y servicios impulsados por el Gobierno gallego durante los últimos años para mejorar la atención a las personas con discapacidad y sus familias.

La representante popular ha destacado también la importancia de la colaboración con las entidades sociales para ampliar la cobertura y ofrecer una atención especializada, y ha defendido la continuidad de las líneas de financiación destinadas a sostener los servicios y programas dirigidos a este colectivo.

En su turno de cierre, la directora xeral ha defendido el modelo de colaboración de la Xunta con el tejido asociativo y ha señalado que el Gobierno gallego trabaja con las entidades del sector para avanzar en la planificación de las políticas de discapacidad y mejorar la accesibilidad.

En este ámbito, ha apuntado que se está preparando un decreto de accesibilidad y una estrategia con la participación de las asociaciones.

En relación con la atención temprana en Ourense, la compareciente ha señalado que las ayudas de la Xunta a los ayuntamientos para prestar estos servicios están financiadas al 100% por la Administración autonómica y ha afirmado que el Ayuntamiento de Ourense no había solicitado estas subvenciones.