El plan de control de las bajas que impulsa la Xunta centrará el pleno del Parlamento de Galicia que tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de abril, en el que la líder del BNG, Ana Pontón, y el PSdeG preguntarán al presidente autonómico, Alfonso Rueda, y a su Ejecutivo –respectivamente– sobre este asunto.

BNG y PSdeG esceninficarán de este modo su rechazado a una de las principales propuestas anunciadas por el presidente gallego en el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA), en el que Rueda anunció que su Ejecutivo presentará «en las próximas semanas» un programa «integral» que aspira a reforzar el control sobre los posibles casos de fraude en las bajas laborales –con el foco en las enfermedades musculoesqueléticas o de «psiquiatría menor»–.

Así las cosas, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, centrará su pregunta en este asunto y las medidas para los trabajadores gallegos, mientras que el PSdeG, cuyo jefe de filas José Ramón Gómez Besteiro, interpelará al presidente por las políticas económicas, preguntará sobre esta cuestión al conselleiro de Emprego, José González.

Tal y como figura en el orden del día acordado en la Xunta de Portavoces, la cita política arrancará con la sesión de control, que habitualmente se celebra en la jornada del miércoles pero que se adelanta debido al viaje institucional que Alfonso Rueda iniciará a China.

En la sesión, además, comparecerá la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para dar cuenta del camino avanzado por la Xunta desde el traspaso de las competencias plenas del litoral.

INICIATIVAS DE LOS SOCIALISTAS

Además de la interpelación de Besteiro a Rueda sobre las políticas económicas y la pregunta al Gobierno gallego que los socialistas harán sobre las bajas, el PSdeG llevará al pleno una interpelación para exigir al Ejecutivo gallego planificación efectiva en materia de incendios y defenderán una proposición no de ley para exigir la consolidación de un sistema de atención a la salud mental acorde a las necesidades actuales.

También reclamarán más inversión para la rehabilitación y ampliación de infraestructuras educativas, y una propuesta para garantizar un sistema «regulado, transparente y objetivo» en la distribución del canon del agua, que los socialiastas tachan de «discrecional».

EL BNG PEDIRÁ EL TRASPASO DE LOS AEROPUERTOS

Por su parte, además de la pregunta sobre el plan de control de las bajas que Pontón le hará a Rueda, el BNG defenderá una proposición de ley para reclamar al Estado el traspaso a Galicia de las competencias en materia de aeropuertos de interés general del Estado.

Los nacionalistas, que pidieron la comparecencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, para abordar la crisis del marisqueo –petición rechazada por el PP–, abordarán este asunto en forma de interpelación.

El Bloque, asimismo, también llevará al pleno una proposición no de ley de iniciativa popular que asume como propia, para demandar al Gobierno gallego la dotación de personal especializado para garantizar los derechos de los estudiantes con necesidades específicas. Se trata de una iniciativa promovida desde Vigo por Foanpas que lleva al Parlamento avalada por «miles de firmas», ha explicado Rodil.

PROPUESTAS DEL PPDEG

Por su parte, el PPdeG volverá a exigir al Gobierno del Estado el rescate y la liberación de los peajes de la autopista del Atlántico, la AP-9.

El Grupo Popular defenderá otra proposición no de ley sobre el sector lácteo para pedir el cumplimiento estricto de la Ley de la cadena alimentaria y que los precios pagados cubran, como mínimo los costes de producción. Además, abogan por que se intensifiquen las inspecciones sobre la trazabilidad y el etiquetado, así como por promover medidas para evitar la competencia desleal. Una iniciativa en la que los populares también incluirán propuestas del debate de política general, como la actualización del paquete lácteo, establecer un sistema de cálculo de los costes de producción y poner en marcha una prórroga automática de los contratos para evitar el despercidio de leche.

Por último, el PP preguntará por la contribución estatal a la dependencia toda vez que, según denuncian, conforme a los datos de 2025, la contribución estatal a la dependencia «disminuyó hasta el 32,9%», «cifra muy alejada del 50% que le obliga la ley».