El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado al Gobierno central que garantice el cumplimiento de las adjudicaciones de las viviendas de promoción protegida ubicadas en calle Santa Tegra y en calle Grove, en Narón, así como «respetar los derechos de las personas beneficiarias que», según denuncia el nacionalista, «más de año y medio después del sorteo celebrado ante notario, continúan sin recibir las llaves ni información clara sobre su situación».

En una nota de prensa, Rego ha asegurado que estas personas se encuentran en una situación de «absoluta indefensión» provocada por la «falta de información y coordinación» entre la SAREB, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y la nueva sociedad pública Casa 47.

«Es inadmisible que personas que obtuvieron legalmente una vivienda en un sorteo público continúen sin respuesta mientras descubren, a través de una simple consulta, que los inmuebles podrían haber sido destinados a otro fin», ha denunciado.

Y es que, según ha trasladado el BNG en una nota de prensa, el IGVS informó en febrero de 2025 del sorteo de 25 viviendas de protección autonómica ubicadas en calle Santa Tegra número 55 y en calle Grove, en Narón. Aunque 18 de ellas llegaron a entregarse, las restantes pasaron a las personas del listado de reserva tras las renuncias de algunas de las personas adjudicatarias iniciales. Sin embargo, ha apuntado el Bloque, transcurrido este tiempo, estas personas «siguen sin recibir información sobre el estado de su adjudicación ni sobre los trámites necesarios para formalizar la adquisición».

Ante esta situación, uno de los afectados se dirigió al departamento autonómico para conocer el estado del procedimiento y fue remitido a la Sareb, que le comunicó que «la mayor parte de sus activos residenciales» habían sido reservados para ser destinados a vivienda pública en alquiler accesible y social mediante su traspaso a la sociedad pública Casa 47.

Para el diputado nacionalista, estos hechos son «extraordinariamente graves», ya que «una persona que es adjudicataria de una vivienda por un procedimiento público y validado ante notario no puede ver alterados sus derechos por una decisión administrativa posterior sin explicación alguna».