La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha rechazado que el «complejo contexto global» derivado de la guerra en Oriente Medio sirva de «excusa» para «poner en peligro las explotaciones gallegas» por lo que ha destacado que su departamento, dentro de sus competencias, refuerza los controles sobre los contratos lácteos que se están renovando para garantizar que se cumpla la Ley de la cadena alimentaria.

Así se ha pronunciado este miércoles en respuesta a una pregunta formulada en el pleno del Parlamento de Galicia por la diputada nacionalista Ariadna Fernández, quien ha criticado la gestión de la conselleira, a la que ha acusado de dar «bandazos» en un contexto en el que, según ha dicho, se prevé una «fuerte bajada» en los precios de la leche en los contratos que se van a firmar próximamente.

«Mientras usted elude las responsabilidades de su cargo, los ganaderos y las ganaderas gallegas pagarán más por la factura de su combustible, pagarán más por sus fertilizantes y pagarán más por los servicios», ha denunciado.

Enfrente, la titular de Medio Rural ha defendido su gestión y ha incidido en que el Gobierno gallego «no está dispuesto» a que el contexto global sea «una excusa» para poner en peligro a las explotaciones. Por ello, ha dicho que se están reforzando los controles sobre los contratos que se están renovando, con una revisión «escrupulosa» para garantizar que se cumple la ley.

«Que se paguen los costes de producción es innegociable y lo contrario es ilegal», ha afirmado para asegurar que, además, se han intensificado los controles sobre la trazabilidad de la leche ante las denuncias de que entra leche de otros países.

«Vamos a comprobar escrupulosamente en toda y cada una de las industrias de dónde viene esa leche y cómo se está comercializando, sin excepciones», ha destacado para subrayar que «cualquier incumplimiento será sancionado o, de ser el caso, puesto en conocimiento de las autoridades competentes».

También ha puesto en valor que la Xunta trabaja con todos los agentes de la cadena, con reuniones continuas desde el 14 de marzo, con los productores, con los sindicatos, con la industria y con la distribución para trasladarles «un mensaje muy claro»: «No se pueden aplicar bajadas injustificadas mientras el mercado sigue demandando un producto en un país que es deficitario», ha apuntado.

Por último, ha exigido al Gobierno central que actúe donde la Xunta no puede, con la Agencia de Información y Control Alimentario y con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para «analizar posibles prácticas desleales». Además, ha calificado de «insuficientes» las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo estatal para hacer frente a los efectos de la guerra.