Santiago de Compostela ha albergado la reunión en la que la delegación española en el Comité de las Regiones ha sellado una postura común bautizada como ‘Declaración Galicia’ en la que se apela a la revisión de la propuesta de la Comisión Europea para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034, al tiempo que se pide un presupuesto «ambicioso, equilibrado y justo», y una gestión descentralizada de los fondos europeos.

En la inauguración ha participado, junto con otros conselleiros y dirigentes de su Gobierno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha reivindicado que este es un momento «clave» para que las regiones españolas eleven su voz «conjuntamente» para proclamar la voluntad de contribuir «a una UE más fuerte, cohesionada y más cercana en sus decisiones a los ciudadanos».

«Algo que aseguramos las regiones, las provincias y los municipios», ha recalcado el jefe del Ejecutivo autonómico, antes de incidir en el «valor simbólico» de celebrar este encuentro en Galicia, tras subrayar el «papel europeísta» de la comunidad y del Camino de Santiago.

Rueda ha mostrado el orgullo de Galicia por presidir actualmente la delegación española en el Comité, una responsabilidad que, según explicó, se asume con la voluntad de contribuir a que España hable en Europa con «una voz plural, sólida y unida por el compromiso con los valores y el desarrollo comunes».

En la línea de lo que refleja el propio texto de la ‘Declaración Galicia’, ha hecho referencia al debate sobre el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034, señalando la preocupación ante el riesgo de centralización que supondría la propuesta de la Comisión Europea de agrupar en un mismo marco 14 fondos actuales.

Así, ha defendido que resulta «esencial» mantener la participación efectiva de los gobiernos regionales y locales –entidades más próximas al ciudadano– en el diseño y gestión de las políticas europeas, recordando que la cohesión territorial es «el corazón» de la UE y «no puede ser sustituida ni diluida». Para Rueda es clave mantener las políticas de cohesión «que tanto contribuyeron a mejorar los territorios».

En la clausura, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha incidido en la misma línea, al tiempo que ha puesto el foco en el Gobierno central. Lo hace la propia declaración, que reitera el llamamiento hecho por el Comité de las Regiones para que la propuesta sobre el fondo de los planes de colaboración nacional y regional sea revisada y apela especialmente al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a que defienda esta posición en el Consejo.

RECHAZO A LA PROPUESTA

La ‘Declaración Galicia’ arranca manifestando el rechazo expreso a la propuesta de la Comisión Europea para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034 y, en particular, ante la creación de los llamados planes de colaboración nacional y regional.

Recalca que al concentrar en planes únicos por Estado miembro un conjunto de recursos limitados y destinados a políticas tan diversas como la cohesión, la agricultura y la pesca, el empleo y la inclusión social, la vivienda o la seguridad y defensa, se «plantea un dilema de asignación de recursos entre prioridades estratégicas que puede poner en peligro el consenso en torno a los planes y reducir su eficacia».

Además, este enfoque, continúa el texto, da pie «a una centralización de los estados miembros en detrimento de su organización competencial propia, resta transparencia al reparto territorial de los recursos y debilita el papel de las regiones en la definición de las prioridades de gasto». «Todo ello», agrega, «podría comprometer el principio de cohesión y el desarrollo equilibrado de la Unión».

Por ello, se insiste en la necesidad de que la propuesta para el futuro marco financiero sea revisada y que el Gobierno de España apoye esta postura.

TAMAÑO DEL PRESUPUESTO Y COHESIÓN

Más allá, el documento, que incluye 25 puntos, el incide en el tamaño del presupuesto y lamenta «la falta de ambición» de presentar una propuesta «por debajo del 2% de la renta nacional bruta de la UE, muy inferior al peso relativo de los presupuestos del resto de administraciones públicas».

Pide, por tanto, que la Unión se dote de medio financieros «suficientes» para «hacer frente a los importantes retos geopolíticos actuales, así como para cumplir los objetivos del Tratado, como la cohesión económica, social y territorial, la agricultura y la pesca».

También lamenta que se esté «reduciendo la proporción de fondos gestionadas de forma compartida entre la Comisión, el Estado y las regiones en favor de los gestionados directamente por la Comisión y solicita que se reequilibre el presupuesto para reforzar los primeros».

Al tiempo, reclama un presupuesto «específico, diferenciado y suficiente» para la cohesión, así como un sistema de reparto entre los estados miembros y las regiones que «tenga por objetivo reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones».

Asimismo, aplaude la financiación mínima destinada a las regiones menos desarrolladas, pero reivindica una política de cohesión «para todas las regiones». También se «toma nota» de la mención expresa a las regiones ultraperiféricas, pero lamenta que su especificidad «se haya trasladado del ámbito europeo al nacional, ignorando la necesidad de políticas europeas específicas».

Además, pide criterios «objetivos, claros y concisos» de asignación regional predefinidos a nivel comunitario y que se negocien abiertamente con los estados y las regiones, al tiempo que incide en que la competitividad no debe ser algo «ajeno» a los planes de colaboración.

Y agradece el «reconocimiento expreso» a las estrategias de desarrollo territorial y urbano «integrado», así como al «desarrollo social participativo», pero echa en falta «una asignación específica para ambos».

AGRICULTURA Y PESCA

En materia de agricultura y pesca, se incide en la necesidad de «garantizar la viabiliad de estos dos sectores» y se manifiesta la inquietud ante la disminución, en términos reales, de la financiación destinada a la política agrícola común (PAC) como a la política pesquera común (PPC).

Y alerta de la introducción de «cofinanciación nacional» de ciertas medidas que en la PAC actual son financiadas al cien por cien por los fondos comunitarios, lo que implicaría «un mayor esfuerzo» de las administraciones españolas a la hora de aplicar la PAC sobre el terreno.

COMUNIDADES: «AUTORIDADES DE GESTIÓN»

Asimismo, la declaración hace hincapié en la «drástica reducción» de los recursos en gestión compartida destinados a la pesca, acuicultura y a la política marítima de la Unión; y plasma una «profunda preocupación» por el hecho de que la puesta en marcha de los planes llevaría «a una gestión de los recursos más centralizada en el nivel nacional, ya que no garantiza jurídicamente la participación de autoridades regionales y locales ni en la definición de prioridades ni en su ejecución».

En general, además de incidir en la necesidad de flexibilidad presupuestaria, propone el reconocimiento del papel de las comunidades autonómicas como «autoridades de gestión en los ámbitos de su competencia, promoviendo una colaboración estrecha con las administraciones locales».

Y reclama mantener fondos específicos destinados al desarrollo territorial y urbano integrado, que permitan continuar impulsando estrategias locales orientadas a la cohesión, la sostenibilidad y la competitividad; y el impulso de estructuras de «coordinación y cooperación» entre los niveles de gobierno «más ágiles, eficaces y estables» que el actual sistema de conferencias sectoriales.