El Partido Socialista de Galicia ha denunciado el «desequilibrio en la Policía Autonómica» al asegurar que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuenta con 20 agentes de la Policía Autonómica para su escolta mientras solo hay 13 para la protección de las víctimas de violencia machista.

En un comunicado remitido a los medios, la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Paloma Castro, ha acusado al Gobierno gallego de «traspasar una frontera institucional y ética que nunca se debería cruzar» al persistir en las declaraciones conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en las que aseguró que si no hay avances en la renovación del convenio y mejora de la Unidad de Policía Adscrita, esta dejará de prestar otras funciones «que no sean de competencia autonómica» y apuntó a la protección de víctimas de violencia machista.

Al respecto, la parlamentaria socialista ha recordado que «42 mujeres fueron asesinadas en España este año, dos de ellas en Galicia, y más de 6.000 gallegas viven bajo seguimiento policial». «En este contexto introducir una mínima duda sobre la continuidad de la protección es algo profundamente irresponsable y políticamente imperdonable», ha señalado.

Además, la diputada autonómica ha asegurado que «la Policía Adscrita tiene hoy más de veinte agentes destinados a acompañar y proteger al presidente Rueda en actos públicos y solo 13 para salvaguardar la vida de mujeres bajo amenaza real». «Esa es la prioridad de la Xunta. No hace falta calificativos: basta con ver las cifras», ha dicho.

Castro ha incidido en el hecho de que Calvo no rectificase sino que, al contrario, hoy se reafirmarse públicamente en su posición: «No es una frase desafortunada, ni un mal día. No es una confusión. Es una decisión política asumida y defendida. Y es una decisión que afecta directamente a la seguridad de las víctimas y de la que tendrá que dar también explicaciones el presidente Rueda, como pidió ayer nuestro portavoz», ha manifestado.

La diputada ha advertido que esta actitud «coloca la Xunta en un terreno que un gobierno responsable no debería pisar nunca: lo de la utilización de mujeres en riesgo como elemento de presión partidaria». A ello ha añadido que «cuando lo que está en juego son venidas, no hay margen para tácticas políticas».

Así las cosas, Paloma Castro ha subrayado que «el presidente tiene que decidir si se garantiza de forma inequívoca la protección de las víctimas o se las convierte en una variable de una negociación política» «No hay término medio. Con esto no se juega, como dijo ayer Besteiro», ha insistido.

Por todo ello, Paloma Castro ha reiterado la petición de comparecencia urgente de Diego Calvo en el Pleno del Parlamento, para que «explique sin evasivas cuál es la postura real del Gobierno gallego y cuáles son las garantías efectivas para las mujeres en esta situación».

«El mensaje institucional debe ser claro, porque en Galicia las mujeres en riesgo deben de estar protegidas sin condiciones, sin amenazas y sin cálculos políticos. Cualquiera otra postura es inaceptable», ha asegurado.