El BNG ha reclamado este martes en la Cámara gallega mejoras laborales y económicas en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que permitan una atención «digna a la vejez» y alcanzar unas condiciones laborales y de seguridad «ajustadas a la realidad del siglo XXI».

La parlamentaria Olalla Rodil ha defendido una proposición no de ley en el pleno de la Cámara gallega, donde ha recordado que el asesinato de una trabajadora de este servicio este verano en O Porriño. Un «golpe durísimo», que debe de hacer «reaccionar como sociedad y que hace inaplazable el impulso de cambios legales, cambios normativos que garanticen unas condiciones laborales dignas y seguras».

Rodil ha sostenido que miles de mujeres acuden cada día a trabajar a las casas de los más de 23.000 gallegos y gallegas dependientes «en unas condiciones absolutamente precarias que no se corresponden en absoluto con las normas. Así, ha recordado que el convenio colectivo del sector está vencido desde el año 2012, «hace 13 años», «sin que la patronal se siente a negociar» unas condiciones «ajustadas a la realidad del siglo XXI».

La parlamentaria del BNG, que se ha referido a las competencias de la Xunta, ha subrayado que no se puede «mirar para otro lado» y ha dicho que la «primera administración que tiene que implicarse y ponerse al frente de la situación es la Xunta».

Todo ello antes de censurar que el Gobierno gallego enviase a técnicos y no a la conselleira de Política Social, Fabiola García, o al director xeral del ramo a la primera reunión en la Fegamp con las organizaciones sindicales para abordar la elaboración de protocolos de seguridad. «No están a la altura de lo que merece este país», ha reprochado Rodil, que ha aprovechado para afear al PP sus votos en contra de distintas iniciativas defendidas por su grupo para mejorar este servicio.

EL PP DICE QUE SOLO DENUNCIÓ ANTE LA CIG

A la iniciativa de los nacionalistas ha presentado una enmienda el PPdeG, cuya postura ha sido defendida por la diputada del PPdeG Raquel Arias, quien ha dicho que la muerte de la trabajadora «no tenía que haberse producido nunca». «Y es responsabilidad de todos nosotros y de toda la sociedad que esto no vuelva a pasar», ha afirmado.

Dicho esto, ha sostenido que la «integridad física, la integridad psíquica» de las personas que trabajan con los mayores «se ve siempre protegida» y ha afirmado que «es verdad que Teresa de Jesús se quejó» y «pidió amparo», pero ha dicho que «lo hizo ante la CIG» y «ante nadie más».

Tras ello, ha asegurado que la competencia del SAF es municipal y que es la FEGAMP la que ha puesto en marcha una mesa para analizar y estudiar de forma urgente la elaboración de protocolos que den seguridad a todas las partes. Unas reuniones en las que ha sostenido que «estará la Xunta con todas las personas que sean necesarias». «Y los primeros que tienen que estar son los técnicos, que tendrán que aportar los datos para que con ellos los políticos tomen las decisiones pertinentes», ha afirmado.

Además, se ha referido al convenio colectivo para asegurar que la Xunta ejerce su labor de mediación a través del Consello Galego de Relacións Laborales pero que, en una última reunión en marzo de 2025, las partes «decidieron tomarse un periodo de reflexión». «Son ellas las que tienen que marcar los tiempos», ha apuntado.

Raquel Arias ha puesto en valor el incremento del gasto social por parte de la Xunta y otras medidas del Gobierno gallego y ha emplazado al BNG a exigir al Gobierno que pague a Galicia los «2.500 millones» que adeuda por la dependencia. «Ustedes quieren ser útiles, exijan que tengamos una financiación adecuada a nuestras necesidades, porque tener un SAF es mucho más caro con la dispersión y el envejecimiento que tenemos», ha sostenido.

En la sesión, la parlamentaria socialista Silvia Longueira, que ha trasladado el respaldo del PSdeG a las trabajadoras del SAF, ha avanzado el apoyo de su grupo a la iniciativa defendida por el BNG y que será votada en la sesión del miércoles.

Ha cerrado el debate Olalla Rodil, que ha calificado de «vergüenza» la intervención de Raquel Arias a la que, según ha dicho, «le faltó echar la culpa a Teresa por no presentar una denuncia y ser responsable de lo que pasó después» cuando «hay un comunicado público de la empresa diciendo que lo había puesto en conocimiento ese día del Ayuntamiento de O Porriño». «Es indecente y es una vergüenza», ha afirmado.