Los cambios en la Ley del deporte de Galicia que introducen un código de buen gobierno en las federaciones deportivas que incluye la limitación de mandatos, así como la posibilidad de que la Xunta ejerza la acción popular en los casos de violencia en el ámbito deportivo entrarán en vigor este viernes, día 19 de diciembre, tras su publicación este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En el primer caso, tal y como ha recordado la Xunta, la introducción de un nuevo artículo permitirá profundizar en los principios de democracia interna, transparencia, integridad, solidaridad, igualdad de género, apertura, rendición de cuentas y responsabilidad social.

En este sentido, las federaciones deportivas aprobarán un código de buen gobierno en el que se establezcan las prácticas de buena gobernanza e integridad de la federación, destacando obligaciones como mantener el secreto de datos e informaciones; no hacer uso indebido del patrimonio federativo; instituir un sistema de autorización de operaciones; y suministrar información relativa a las relaciones contractuales, comerciales o familiares con proveedores y entidades vinculadas a la federación por parte del personal directivo.

Además, contempla la incompatibilidad del cargo directivo federativo con la prestación de servicios profesionales a la federación; el principio de igualdad y no discriminación por género; el sometimiento, en la contratación de obras, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, no discriminación e igualdad; el establecimiento de criterios objetivos de distribución de ayudas o becas; así como la limitación del cargo de presidente o presidenta de la federación a cuatro mandatos, pudiendo optar a un único mandato adicional en el caso de que sea la única candidatura a la presidencia o por razones de interés deportivo, organizativo o institucional.

ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

Por otro lado, gracias a la modificación de la ley, la Administración autonómica podrá comparecer como acusación popular en los procedimientos por delitos y actos de violencia perpetrados en el ámbito deportivo de la Comunidad Autónoma. Con todo, este no se llevará a cabo en caso de existir negativa expresa por parte de la víctima.

Con esta novedad, la Xunta ha destacado que se pretende garantizar aún más la protección de la legalidad y del interés social, así como del propio sistema deportivo gallego. «La lucha contra la lacra que supone la violencia en el deporte es una tarea común de todos los agentes deportivos y sociales, de las personas deportistas y aficionadas, de todos los agentes deportivos, de los medios de comunicación y, por supuesto, de las administraciones públicas», ha indicado el Gobierno gallego.