El PSOE de Lugo ha pedido «responsabilidades políticas» a la vicepresidenta del Parlamento y líder del PP en la provincia de Lugo, Elena Candia, por su «participación activa» en la Operación Pulpo, de la que, su última pieza, que investigaba la supuesta adjudicación ilícita de una plaza y malversación de fondos públicos en programas de la Diputación de Lugo, quedó archivada 12 años después.

En una rueda de prensa este sábado, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha exigido a Candia que «asuma responsabilidades políticas».

«Quien entrega a propósito anónimos falsos para intentar destruir a sus adversarios políticos no merece ocupar responsabilidades en la sede de la democracia gallega», ha asegurado Méndez.

En este sentido, Lara Méndez ha hecho referencia a la «participación activa» de Elena Candia para «activar» una operación «diseñada con premeditación por Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda para destruir a los socialistas y, concretamente a José Ramón Gómez Besteiro».

Una operación, ha continuado Méndez, «activada» por Candia mediante unos anónimos que «se demostraron falsos» y conllevaron a que el auto del fiscal señale que «quien oculta su rostro para acusar, también es capaz de ocultar la vedad en lo que acusa».

Así, Méndez, acompañada del presidente del PSdeG de Lugo, José Tomé, ha advertido de que el PPdeG «todavía no pidió perdón» por el «sufrimiento causado, por el uso partidista de las instituciones ni por los miles de euros gastados en un proceso completamente injustificado».

Por su parte, José Tomé ha exigido la «dimisión inmediata» de Elena Candia tras confirmarse el archivo definitivo de la causa y ha acusado a la dirigente popular de «activar esta causa» sabiendo que «no tenía fundamento».

Por todo ello, ha avanzado que el PSdeG llevará mociones a los ayuntamientos y a la propia Diputación para exigir «esas responsabilidad que ella exige a los demás por motivos infundados».

OPERACIÓN PULPO

En este proceso, iniciado por la jueza Pilar de Lara, que fue apartada del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, llegó a figurar como investigado el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

En un auto con fecha del 18 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Joaquín Brage, recuerda que el origen de la investigación criminal está en la «entrega subrepticia», por una persona que no pudo determinarse, al grupo político del PP en la Diputación, de una denuncia formulada por dos funcionarios contra el Jefe de Servicio de Protocolo, Juan Carlos Fernández Pulpeiro.

Una denuncia que el propio PP admitió que la dirigente popular Elena Candia había puesto en conocimiento de la Fiscalía, un órgano judicial que, conforme apunta el auto, «antes de presentar la denuncia penal, practicó ciertas diligencias procesales» y estimó que había «indicios de un acoso laboral» que pudiese ser constitutivo de delito.

En concreto, el documento alertaba de un supuesto acoso laboral por parte de Pulpeiro a varias personas, así como de una supuesto trato de privilegio a otra empleada que era su pareja. Además, denunciaban irregularidades en el funcionamiento habitual del servicio para sufragar los gastos de comida y facturas superiores a los gastos reales abonados.

A raíz de ello, esta última pieza investigaba la adjudicación de una plaza en la institución provincial a favor de la que era pareja del entonces Jefe de Servicio de Protocolo y un trato de privilegio hacia ella «en detrimento de los restantes empleados del KM.0».

Además, se estudió si existía una supuesta apropiación indebida por Fernández Pulpeiro de los fondos asignados al programa Lug02″, así como un delito de apropiación indebida en los fondos asignados al programa KM.0″. También se investigó si había pagos de otros conceptos realizados con cargo a al programa KM.0.

El auto señala que no existen indicios suficientes de que Pulpeiro y la mujer que obtuvo una plaza en un proceso selectivo de la institución provincial fuesen pareja en el momento de las pruebas y recuerda que el deber de abstención del entonces jefe del servicio de protocolo del tribunal del proceso solo surge si ya fuesen pareja en aquel momento. Además, subraya que el origen de la causa se hallaba en un «borrador de denuncia» por parte de tres trabajadoras que solo dos de ellas llegaron a firmar y que posteriormente rompieron.

Además, sobre la supuesta apropiación indebida y malversación en los fondos del programa KM.0 y Lug02, el auto señala que «tales irregularidades no pasan de meras sospechas» y señala que alguna de las denunciantes iniciales «incluso se desdijo».

Por todo ello, indica que no hay responsabilidad penal alguna exigible ni al principal investigado ni al resto de las otras personas que declararon como investigadas, entre ellas el actual secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el empresario Raúl López.

De este modo, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. Contra el auto cabe recurso.