La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha insistido en que el proyecto de Cobre San Rafael y Atalaya Mining para la mina de Touro-O Pino que se encuentra en fase de tramitación «es distinto» al impulsado en 2017 y que fue denegado al no superar la evaluación de impacto ambiental.
Así lo ha trasladado en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Iria Carreira en el pleno del Parlamento de Galicia, donde acusó a la Xunta de «poner por delante los supuestos 400 empleos que va a generar la mina de los 4.000» que dependen del marisqueo «sin contar con la industria conservera».
Después de que la nacionalista situase al Gobierno gallego en la defensa «de las empresas y los intereses comerciales» en lugar de la defensa «de los recursos naturales y los sectores productivos» de Galicia, la resposnable del área económica en el Ejecutivo autonómico colocó al BNG «en contra de plano de la actividad minera».
Así, ha asegurado que daría «la misma respuesta» que le trasladó en sede parlamentaria en el mes de julio, cuando el Bloque llevó a pleno el asunto tras ser declarado por la Xunta la mina de Touro-O Pino como proyecto estratégico.
En este sentido, y después de que Carreira instase a la Xunta a aplicar el mecanismo legislativo que permita tumbar un proyecto que ya cuenta con una declaración de impacto ambiental negativa, la conselleira ha remarcado que no puede realizarse porque existen «diferencias» con el proyecto presentado en 2017.
Entre ellas, ha señalado la nueva definición de la extensión de las superficies, una área de afección superior, los remeiendos a los pasivos antiguos o cambios en la protección del patrimonio. En todo caso, ha incidido en que corresponde a los técnicos de la Xunta evaluar y determinar si cumple con la normativa y que la petición de frenar el proyecto supondría «prevaricar».
ALCOA
Lorenzana también ha respondido en sede parlamentaria a una pregunta sobre Alcoa, en este caso, hecha por la diputada del PP Elena Candia, frente a la que ha afeado la actitud del Gobierno después de la desconvocatoria ‘sine die’ de la reunión de seguimiento sobre el futuro de la planta de San Cibrao –Cervo (Lugo)–.
En este sentido, cree que el Gobierno «perdió una oportunidad muy buena» hace dos semanas «para explicar» cómo podría beneficiarse la planta mariñana de las ayudas de 600 millones por costes de emisiones.
Así, la conselleira ha remarcado que «la solución» para Alcoa y el resto de industrias electrointensivas «es garantizar a estas empresas un suministro energético estable».
