El Parlamento ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PPdeG para rechazar cualquier propuesta que implique «una reducción sustancial» de los fondos europeos destinados al sector agrícola y ganadero en el próximo Marco Financiero Plurianual.

En esta misma línea, también demanda impulsar una posición común entre los Estados miembros de la Unión Europea con mayor peso en el rural para rechazar una posible reducción, así como defender en la UE un presupuesto «específico y suficiente» con recursos equivalentes a la actual PAC y a los fondos Feaga y Feader.

Del mismo modo, pide un plan nacional específico, activar mecanismos de interlocución con las Comunidades y con las organizaciones profesionales agrarias para informar del estado de las negociaciones y recoger sus posturas.

Sobre este mismo ámbito también se ha debatido una PNL del Bloque que reclamaba rechazar las palabras del ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, sobre la «urgencia de la ratificación del acuerdo Mercosur-UE» y que ha sido rechazada con los votos tanto del PP como del PSdeG.

Esta iniciativa también incluía instar a la Xunta a oponerse al acuerdo Mercosur-UE por «las graves repercusiones que tendrá en el sector agroganadero gallego» y a trasladar esta posición al Congreso, al Gobierno central, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.

CONSENSO PARA EL ESTATUTO MARCO

Por otro lado, la Cámara ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del Grupo Popular para pedir al Gobierno central que la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud se realice con consenso y participación de las Comunidades y de los sectores profesionales implicados, así como demandar al Ministerio que presente una memoria económica y técnica de las medidas propuestas para la modificación del Estatuto Marco y que los cambios contribuyan a dar respuesta al «déficit de profesionales sanitarios».

En su defensa, la diputada Encarnación Amigo ha reprochado que el texto nace «con la total oposición de los profesionales», por lo que ha apuntado que «está condenado al fracaso».

Mientras, Iria Carreira (BNG) ha insistido en que la responsabilidad de la situación de la sanidad pública de Galicia «es de Alfonso Rueda» y de las políticas del PP que «consolidaron una política en que los recursos a la sanidad privada crecen», aunque ha reconocido que el Ministerio «se equivoca al no recoger mejoras».

RECHAZADAS PROPUESTAS PSDEG

Además, el PPdeG ha rechazado una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para instar a la Xunta a acordar con la Fegamp el incremento de la financiación local a través del Fondo de Cooperación Local, con criterios objetivos de reparto, para incrementar la autonomía financiera de las entidades locales, «obligadas a asumir competencias impropias que la Xunta no ejerce».

De los socialistas también ha sido rechazada otra iniciativa, debatida este miércoles, que apostaba por la creación en el primer semestre de este año de un Banco Público de Alquiler, gestionado por la Xunta y en el que, entre otras cosas, se fijen los precios del alquiler, se suscriban contratos de alquiler de larga duración y se pongan en marcha campañas de información para fomentar que los propietarios de viviendas vacías se incorporen al programa.

A este respecto, Aitor Bouza (PSdeG) ha defendido una iniciativa con la que se garantice «que las viviendas vacías que están sin uso se pongan a disposición de la gente». «Esto es política útil», ha reivindicado.

Por su parte, Saleta Chao (BNG) ha reprochado a los socialistas que repitan esta iniciativa porque, en su opinión, «no tienen otras alternativas que formular ante la crisis habitacional», mientras que Moisés Rodríguez (PPdeG) ha acusado a los socialistas de «contradecirse entre lo que predican y lo que hacen», poniendo como ejemplo el «chiringuito de Casa 47».

CANON EÓLICO

Por otra parte, la Cámara ha rechazado, con el voto negativo del Grupo Popular, una iniciativa del BNG que demandaba la modificación del canon eólico para garantizar que lo recaudado por las instalaciones de cada municipio se destine directamente al ayuntamiento afectado y ampliar los destinos posibles de los fondos del Fondo de Compensación Ambiental.

En esta propuesta, los nacionalistas pedían también establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso, distribución e impacto de los fondos del canon eólico y promover la participación pública en la gestión y aprovechamiento de los recursos eólicos.