Varias comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, Canarias, Galicia, Baleares, Aragón, País Vasco, Cantabria o Extremadura han denunciado este lunes el «colapso» que sufren fruto de la «crisis migratoria» por lo que han solicitado, entre otras medidas, la celebración de una Conferencia de Presidentes o contar con «una financiación adecuada».

Así lo han manifestado tras la Conferencia Sectorial de Inmigración, que ha tenido lugar en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este encuentro tenía en el orden del día abordar la reforma del reglamento de Extranjería.

En este sentido, la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha destacado que ha salido de la reunión «sin obtener ninguna respuesta» por parte del Gobierno a sus demandas. Además, ha remarcado el «colapso» que, según sostiene, están sufriendo las autonomías fruto de la actual «crisis migratoria».

Al respecto, ha asegurado que salen de la Sectorial «sin el compromiso del Gobierno de una financiación adecuada al dimensionamiento de estos recursos», así como «sin un compromiso de convocar la Conferencia de Presidentes» para abordar esta cuestión y «sin un compromiso de declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional».

Desde la Xunta de Galicia, han mostrado su «solidaridad» con las personas migrantes, pero han reivindicado la necesidad de «una mayor planificación» por parte del Ejecutivo central, al que han solicitado que los datos de las personas que lleguen este verano a Galicia se transmitan «con la mayor celeridad y con la mayor exactitud posible».

Además, fuentes de la administración autonómica han trasladado que la Xunta ha solicitado la celebración de una Conferencia de Presidentes y la declaración de emergencia migratoria por parte del Gobierno, una herramienta que, han asegurado, permitirá solicitar ayuda a la UE.

En cuanto a Cantabria, ha pedido la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar de forma común una política migratoria «global y estratégica», más allá de actuaciones puntuales. También ven «urgente» la declaración de emergencia migratoria nacional y han reclamado financiación para las comunidades.

Por su parte, la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha acusado al Gobierno de «dejar de lado y desentenderse» de los jóvenes migrantes extutelados, ya que sigue «sin un plan de respuesta, ni financiación» ante la «crisis» migratoria que afronta España y, específicamente, Andalucía.

En el caso de Aragón, ha defendido que la crisis migratoria no puede abordarse desde la imposición y sin recursos materiales y económicos suficientes, sino que debe tratarse en una Conferencia de Presidentes. Así, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha definido como «nefasta» la gestión migratoria que está llevando a cabo el Gobierno central, consecuencia de una «falta de planificación, transparencia y de información», y ha reclamado que se declare el estado de emergencia migratoria.

Asimismo, la consejera balear ha reclamado en la reunión una política transversal en materia de migraciones que dé respuesta a las necesidades globales del colectivo de personas inmigradas y a las comunidades autónomas «que de manera solidaria deben dar respuesta a estas personas», ha dicho, recordando que las competencias en materia de inmigración son del Estado. La representante balear ha recriminado además al Ministerio que «vaya en la línea opuesta a las comunidades autónomas, que son las que deben gestionar el día a día de una realidad cada vez más difícil y más cambiante».

Mientras, el Gobierno Vasco ha reiterado su petición para la puesta en marcha de un plan de contingencia estructural en materia de migración, que tenga entre sus prioridades evitar las vulneraciones de derechos humanos de las personas menores.

En esta línea, Extremadura ha lamentado que la Conferencia Sectorial de Inmigración haya concluido «sin una respuesta clara por parte del Gobierno central, sin un plan de acción y sin la financiación necesaria», en la que se ha solicitado una «declaración de emergencia migratoria para resolver la crisis migratoria que atraviesa el país».

Precisamente, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reiterado emergencia que vive el archipiélago en materia migratoria y la necesidad de que el Estado escuche a todas las comunidades autónomas para abordar tanto el traslado de mayores migrantes a otros territorios de la Península como el reparto de menores migrantes que llegan a las costas canarias sin acompañamiento.

REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA: «LO PUEDE APROBAR YA»

A pesar de no estar en el orden del día, las comunidades también han sacado en el encuentro la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que se debate este martes su toma en consideración en el Congreso.

Al respecto, Delgado ha recalcado que «siempre» ha encontrado la solidaridad de otras comunidades autónomas en esta cuestión. Además, ha apuntado que si no sale adelante la proposición de ley, el «plan b» es el decreto-Ley. «Lo puede aprobar el Consejo de Ministros, lo puede aprobar el Estado y lo puede aprobar ya», ha añadido.

Delgado también ha indicado la necesidad de que el Estado escuche a todas las comunidades autónomas para abordar tanto el traslado de mayores migrantes a otros territorios de la Península como el reparto de menores migrantes que llegan a las costas canarias sin acompañamiento. «Estamos ante un problema de Estado en el que debemos colaborar desde todas las instancias porque la solución solo pasa por el diálogo y la escucha a todas las comunidades autónomas», ha subrayado.