La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha destacado este sábado que el agro gallego tiene que tener «voz directa» en Europa y ha asegurado que los sectores productivos estratégicos seguirán siendo defendidos por el BNG en las instituciones europeas, frente a la defensa que hace el PP de los terratenientes en el resto del Estado.
«No podemos permitir que desaparezca nuestra actividad agrícola», ha destacado la eurodiputada gallega en el transcurso de la conferencia ‘Por un agro galego con futuro’, en la que ha participado en Mondoñedo.
En el acto, del que ha informado el Bloque en un comunicado, Miranda ha dicho que su formación aboga por un rural vigo y considera que la PAC debe actuar como mecanismo de apoyo directo a las rentas de los agricultores.
Además, ha denunciado que la PAC no tiene en cuenta la identidad territorial de Galicia y las características propias de la tradición agraria familiar, sostenible y de proximidad propias del agro gallego.
«El problema para Galicia es que la revisión de la PAC sigue favoreciendo a la gran industria y no se proponen medidas significativas para mejorar los ingresos de los agricultores y facilitar el relevo generacional», ha criticado Ana Miranda.
Por otro lado, según ha apuntado, la reducción de la actividad agrícola es una de las causas del descenso demográfico en el rural gallego. «La dejadez del gobierno gallego del PP llega también a este ámbito», ha denunciado la eurodiputada del BNG, que ha hecho referencia a la «indiferencia del PP» en la gestión de las ayudas a la producción ecológica.
En concreto, ha dicho que, en el año 2022, el Gobierno gallego solo asignó 3,18 millones de euros en ayudas, frente a los necesarios 5,6 millones para cubrir todas las solicitudes presentadas, lo que significa la falta de asistencia para el 43% de las hectáreas solicitadas.
Además, la eurodiputada gallega ha recordado que el BNG trasladó a la Comisión Europea las demandas del sector, en concreto a través de preguntas parlamentarias en las que trasladaba la necesidad de simplificar las cargas administrativas como el nuevo cuaderno digital, la adaptación de la metodología de los ecoesquemas y del catálogo de ecorrégimenes a la realidad gallega, así como la flexibilización de la condicionalidad y la aplicación de las cláusulas espejo como principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales internacionales.