El BNG ha reclamado que se retiren las iniciativas de eólica marina y ha presentado un total de 31 alegaciones al proyecto de decreto del Gobierno central para su desarrollo, ya que la considera «incompatible» con la preservación de ecosistemas marinos y la pesca en «caladeros esenciales» en Galicia.
En rueda de prensa en Santiago, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha mostrado el rechazo del Bloque al desarrollo de la eólica marina en las costas gallegas y ha pedido la retirada de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). «Una vez más, Galicia sería la zona de sacrificio para mayor lucro de grandes empresas del sector energéticos», denuncia.
Avisa del impacto de estos polígonos empresariales de producción de energía eléctrica en la costa gallega, tanto para la pesca para el marisqueo. Y es que advierte de que el 50% de la potencia de eólica marina que se prevé generar está prevista en las costas gallegas. Por ello, exige que el Gobierno central «dé marcha atrás» para no favorecer a energéticas con «beneficios escandalosamente multimillonarios».
En este sentido, Rego se ha referido al Tribunal de Cuentas de la UE para señalar que «no existen conclusiones clara» sobre la inocuidad de los parques de eólica marina. Se refiere al caso «empírico» de tres molinos instalados en Viana do Castelo (Portugal), en donde hay «numerosos testimonios» de pescadores que dicen que la pesca «desapareció totalmente» en un radio de varios kilómetros.
Igualmente, ha avanzado el apoyo del Bloque a la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de la Pesca, para este sábado, 6 de abril (12,00 horas), que tendrá lugar en Burela (Lugo) en contra de este decreto de desarrollo de la eólica marina.
ALEGACIONES
Al respecto, Néstor Rego ha desgranado las diferentes alegaciones presentadas por el BNG para que se respeten las competencias propias de las comunidades, haya una mayor negociación con autonomías y se produzca un «retorno social» de los beneficios.
Entre otras cuestiones, el Bloque requiere que las comunidades tengan que presentar un informe preceptivo y vinculante sobre el impacto de los proyectos. También apela a que los criterios sociales alcancen un peso del 50% y no se primen mayormente los económicos, además de que se tenga «siempre» presente la opinión científica de organismos como el Instituto Español de Oceanografía (IEO).
Junto a esto, el BNG demanda que se ponga en marcha una tarifa eléctrica gallega como «cuestión de justicia» para que Galicia cuente con electricidad al menos un 30% más barata.
