La CIG ha acusado al Gobierno central de «boicot» a los mecanismos de control de la Carta Social Europea y de cometer una «grave intromisión» en las funciones del Comité Europeo de Derechos Sociales por pedir la recusación «sin fundamento» de la experta Carmen Salcedo.
En un comunicado, la central nacionalista ha censurado que el Ejecutivo haya solicitado que Salcedo, miembro del Comité Europeo de Derechos, sea «apartada de tres reclamaciones colectivas».
La CIG cree que se trata de una actuación «sin precedentes» que «pone en riesgo y grave peligro el mandato, composición, responsabilidades y métodos de trabajo del CEDS», además de representar una «injerencia en el procedimiento de supervisión».
Considera que «es contraria a derecho en todos los sentidos» y expresa su «preocupación» y «perplejidad» por una petición en la que la CIG se ve afectada por su reclamación colectiva al SMI, ya que «es el elemento clave en el cálculo de la indemnización por despido y en el abono de los salarios de tramitación».
Por ello, entiende que la falta de comunicación «vulnera los principios jurídicos de equidad procesal de las partes» y afea que esta «opacidad» no sea para todos los agentes implicados pues, según la CIG, UGT sí tuvo conocimiento de la solicitud del Estado.
Así las cosas, denuncia que el Gobierno «privilegia» a unos y «discrimina» a otros a pesar de formar parte del procedimiento «vulnerando la Carta Social Europea revisada y los artículos 1 y 2 del Procedimiento de Reclamaciones colectivas».
PREGUNTA EN EL CONGRESO
Sobre este asunto preguntará el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, este miércoles en la sesión de control al Gobierno, al que reclamará «respetar el derecho de reclamación colectiva sindical y la representatividad de la CIG».
Lo hará en su pregunta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al que le exigirá que «deje de poner palos en las ruedas» a las organizaciones sindicales como la CIG y «respete su legitimidad para denunciar ante el Comité Europeo de Derechos Sociales el incumplimiento por el Estado español de la Carta Social Europea» en relación con el salario mínimo interprofesional.
«Hay un conjunto de actuaciones por parte del Estado español tendentes a dificultar el derecho de reclamación colectiva que son inaceptables e incompatibles con el respeto al trabajo sindical», ha manifestado Rego, quien explica que lo que está en cuestión es que el salario mínimo se sitúe «de verdad» en el 60 por ciento del salario medio, sobre los 1.253 euros al mes, siguiendo los criterios del Comité Europeo de Derechos Sociales.
Así, preguntará al ministro si el Gobierno «dará marcha atrás» en las prácticas realizadas contra los sindicatos, especialmente la CIG, y «reconocerá su legitimidad a la hora de denunciar el incumplimiento por el Estado español de la Carta Social Europea» en relación al SMI.
«¿Por qué el Gobierno está interfiriendo y poniendo dificultades para que las organizaciones sindicales puedan ejercer el derecho de reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales?», preguntará Néstor Rego.
