El grupo parlamentario de Junts ha planteado en el Congreso un cambio legal para poder utilizar el catalán y las demás lenguas cooficiales en los órganos judiciales con jurisdicción en todo el Estado, como la Audiencia nacional y el Tribunal Supremo.

Se trata de una enmienda registrada al proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se añade un artículo nuevo para garantizar que «todas las personas, físicas y jurídicas tienen el derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en los órganos judiciales que tengan jurisdicción en todo el Estado».

Conforme a la Ley de Demarcación y Planta Judicial se consideran órganos judiciales que tenga jurisdicción en todo el Estado el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo y de Vigilancia Penitenciaria, así como el Juzgado Central de Menores.

DERECHO DE DEFENSA

En su justificación, Junts alega que la Audiencia Nacional es un órgano especializado por razón de la materia, que opera como extensión del juez natural del lugar de ejecución del hecho, y en consecuencia entienden que, «para dotar de eficacia plena al derecho de defensa personal», ha de facilitarse el uso de las lenguas cooficiales en el territorio.

A su juicio, hay que «atender a la incidencia que la condición de hablante de una lengua cooficial tiene en el desenvolvimiento del juicio penal, en el desarrollo de la prueba, en especial en el interrogatorio del acusado y en el derecho a la última palabra».

En el juicio del procés, que tuvo lugar en el Tribunal Supremo, las defensas de los acusados pidieron intervenir en catalán con traducción simultánea en los interrogatorios, pero el tribunal que presidía Manuel Marchena sólo permitió la traducción consecutiva.

INTÉRPRETE EN LOS JUICIOS

En otra enmienda, Junts también quiere asegurar el derecho a intérprete o traductor de lenguas cooficiales en los juicios: «El jurado o el tribunal pondrá a disposición de la persona física o jurídica (ya sean las partes, sus representantes y los que los dirijan, así como los testigos y peritos) intérpretes y/o traductores», recoge el texto registrado.

Para los independentistas catalanes, «es necesario poner énfasis en el derecho de utilizar la lengua con la que es más cómodo y fácil defenderse, delante de cualquier tribunal», aunque admite que «siempre estaría sujeto al criterio del tribunal o el juez competente del asunto».