El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido una carta de respuesta a los consejeros de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Aragón, Comunitat Valenciana, las cuatro gobernadas por el PP, instándoles a renovar los convenios sobre Unidades Adscritas de Policía Nacional y asumir el coste de la mitad de estas plantillas.

En su carta, consultada por Europa Press, Grande-Marlaska anuncia que se les convocará en la Secretaría de Estado de Seguridad para renovar los convenios caducados y recuerda el incremento de efectivos de la Policía desde que Gobierna Pedro Sánchez, con «máximo histórico» de agentes en 2023 en todas las CC.AA.

El pasado 12 de diciembre, el consejero andaluz Antonio Sanz calificó de «incomprensible e inaceptable» la actitud del Ministerio sobre la renovación del convenio. «Si no se firma el convenio, no se pueden sacar ofertas de empleo y, por tanto, no se pueden cubrir plazas», dijo, responsabilizando de ello al Gobierno central.

En su carta, Grande-Marlaska dice que es conocedor de las «dificultades» de estas unidades dependientes orgánicamente de la Dirección General de la Policía, aunque funcionalmente lo hacen de las consejerías de Interior de las comunidades autónomas, según los convenios firmados.

PLENAMENTE IMPLICADO

«Estoy plenamente implicado en llevar a cabo cuantos esfuerzos sean necesarios para la conservación y recuperación de sus capacidades», señala Grande-Marlaska, que a continuación alude a la «potenciación de los recursos humanos» con 13.100 nuevos policías y guardias civiles tras la pérdida de efectivos en la etapa del último Gobierno del PP.

El ministro da datos concretos del incremento de plantillas en estas autonomías: 2.946 más en Andalucía en relación con 2017, 1.787 más en la Comunitat Valenciana, 575 más en Galicia y 323 más en Aragón.

«Una vez logrado el objetivo, entendemos que procede hacer lo propio con la plantilla de las Unidades Adscritas», apunta Grande-Marlaska, para lo que insta a proceder a la «necesaria renovación de los convenios» con dada CCAA.

En este sentido, subraya que es «imprescindible garantizar la efectiva asunción» por estas CCAA de las obligaciones derivadas de la Disposición final cuarta de la ley orgánica 2/1986 para «coadyuvar a la financiación de las respectivas unidades adscritas mediante la cobertura de una cantidad anual equivalente al 50 por ciento de los costes del mantenimiento».

Con este objetivo, concluye, la Secretaría de Estado de Seguridad tiene previsto constituir «en breve» un grupo de trabajo para afrontar la renovación de los convenios de Unidades Adscritas, procediendo a invitar a las consejerías o departamentos de seguridad de las CCAA.