La moratoria enunciada por el PP en la ley de acompañamiento de los presupuestos –y que materializará la Xunta– para frenar temporalmente la implantación de nuevos proyectos de biogás no ha apagado la preocupación en varios puntos del rural gallego, en especial en localidades en las que llevan meses organizándose contra la llegada de estas instalaciones, como Gaibor, en Begonte, Abadín, Mazaricos o A Laracha.
El anuncio se ha recibido con cautela, con la sensación compartida de que «se ha ganado tiempo», pero la percepción de los colectivos que se han movilizado es que no se ha despejado la incertidumbre sobre qué ocurrirá con los proyectos que ya están sobre la mesa ni sobre el futuro de los territorios afectados.
En estas localidades la contestación social ha alcanzado una repercusión significativa, con vecinos que se han organizado en busca de respuestas, asesoramiento y herramientas para defender su entorno. Sus integrantes temen que la implantación de macroplantas de tratamiento de residuos y producción de biometano y biogás termine modificando profundamente unos lugares donde la actividad ganadera, los caminos rurales, los montes, los manantiales y la convivencia vecinal forman parte de una manera de vivir que consideran necesario preservar.
Uno de los ejemplos de esta inquietud se encuentra en Gaibor, en el municipio lucense de Begonte. Aún siendo una parroquia que no llega a los 200 vecinos, se han organizado ante la posibilidad de que se instalase una macroplanta de tratamiento de residuos con capacidad para procesar 186.000 toneladas anuales.
El proyecto, que inicialmente se había planteado en terrenos del monte comunal, encontró rechazo vecinal. Sin embargo, la preocupación no desapareció, sino que se incrementó cuando la empresa, ante esta negativa vecinal, optó por negociar con el propietario de una finca privada.
La preocupación de los vecinos ha encontrado respaldo en el análisis del ecólogo acuático y profesor universitario Máximo Florín, que lleva meses estudiando estos proyectos en diferentes puntos de España.
En el caso de Gaibor, sus cálculos apuntan a una diferencia considerable entre la capacidad de tratamiento prevista y los residuos generados en el propio municipio para servir a la planta. Begonte produce unas 23.442 toneladas anuales, frente a las 186.000 que pretende procesar la instalación. Esto implicaría que alrededor del 90% de los materiales tendrían que llegar desde fuera del término municipal.
Florín advierte, además, que el proceso «no elimina la mayor parte de los residuos, sino que aproximadamente un 95% sale en forma de digestato», cuya gestión posterior requiere disponer de suficiente superficie agrícola. Una cuestión que considera especialmente delicada en un territorio con poco más de 1.400 hectáreas de tierra cultivable.
El investigador también alerta de los efectos que estas plantas tienen sobre las aguas, el suelo y la calidad del aire, y considera imprescindible que los estudios ambientales «analicen con rigor las consecuencias de estas instalaciones» antes de que puedan recibir las autorizaciones medioambientales.
EL CASO DE ABADÍN
La preocupación también se mantiene muy presente en Abadín, donde se contemplan dos plantas que, según los datos trasladados por una plataforma vecinal, podrían tratar conjuntamente unas 376.000 toneladas de residuos.
En torno a este problema ha nacido ADN Galego, una nueva asociación, que está en curso de formación y cuya función es precisamente la protección del territorio ante estas amenazas. Esta surgió de una plataforma vecinal, Stopbiogás Abadín, que sigue en plena forma en su lucha y que, a pesar de la moratoria, ha solicitado reunirse con el alcalde para seguir informada sobre la situación.
La presidenta de ADN Galego, Pilar Martínez, considera que la moratoria anunciada por la Xunta «no resuelve el problema de fondo». A su juicio, se trata de una medida temporal que puede rebajar la tensión social, pero que «no ofrece garantías suficientes sobre el futuro de los proyectos ni sobre el modelo de implantación que se pretende desarrollar en Galicia».
Martínez calcula que podrían llegar a proyectarse alrededor de 40 macroplantas en la comunidad y cuestiona que instalaciones de semejante tamaño respondan a las necesidades reales de los territorios donde se pretenden ubicar.
Ante este escenario, la organización y la colaboración entre localidades se han convertido en una de las principales herramientas de los afectados. La constitución de ADN Galego pretende precisamente coordinar las diferentes plataformas que han ido surgiendo en Galicia y darles una mayor capacidad para compartir información, recibir asesoramiento y trasladar sus reivindicaciones.
La asociación nace con la intención de mantenerse al margen de los partidos políticos y de reunir a vecinos que, independientemente de su ideología, coinciden en la necesidad de defender sus localidades.
LA VISIÓN DESDE LAS ALCALDÍAS
La proliferación de proyectos de biogás en Galicia ha situado a los ayuntamientos rurales ante un debate para el que muchos consideran necesario disponer de más herramientas. En municipios como Abadín y Begonte, los alcaldes coinciden en reclamar una mayor regulación y una planificación que tenga en cuenta las características de cada territorio antes de permitir la implantación de estas infraestructuras.
En Abadín, el alcalde, José María López Rancaño (PP), considera que la Xunta debe asumir la responsabilidad de ordenar el sector y decidir dónde pueden instalarse estas plantas y dónde no. El regidor considera inviable que se autorice una infraestructura de estas características cada pocos kilómetros. «Para esto es la moratoria, para ordenar el sector», explica el primer edil.
También recuerda que no va a facilitar la llegada de estas instalaciones y que los informes urbanísticos emitidos hasta ahora «tienen carácter exclusivamente informativo, no se ha dado ninguna autorización», asegurando que la postura del Ayuntamiento será «un rotundo no».
Por su parte, el Ayuntamiento de Begonte ha optado por trabajar en una normativa propia. El alcalde, José Ulla (PP), ha anunciado la elaboración de una ordenanza municipal, que se someterá a votación en el próximo pleno y que permitirá regular las plantas de biogás, así como otras actividades e infraestructuras que puedan generar impactos ambientales, acústicos o molestias para los residentes.
En relación con el proyecto previsto en Gaibor, el regidor asegura que todavía se encuentra en una fase inicial y que, por el momento, no existe ninguna solicitud de licencia de actividad. El trámite conocido hasta ahora es la petición de un informe urbanístico sobre una posible ubicación.
Más allá de las cifras y de los expedientes administrativos, el temor de muchos vecinos que verbalizan las asociaciones tiene que ver con algo difícil de cuantificar: la transformación de su entorno. Los residentes no quieren que sus localidades se conviertan en puntos de recepción de residuos procedentes de otros territorios ni que las carreteras soporten un tráfico pesado continuo. Tampoco quieren que las dudas sobre el agua, los olores o los riesgos respiratorios.
La moratoria de la Xunta ha abierto un paréntesis, pero no ha cerrado el debate; para ellos, la moratoria seguirá siendo una pausa en la incertidumbre, pero no una razón «para bajar la guardia».

