El Gobierno ciñe el «debate» sobre el traspaso de la AP-9 a Galicia a la proposición de ley que ha iniciado su tramitación parlamentaria en el Congreso, de manera que deja fuera esta cuestión de la vía más directa, que sería la de la comisión mixta Xunta-Estado.

Concretamente, en una respuesta remitida al Grupo Popular en el Senado, a preguntas de los senadores gallegos, sobre el traspaso de la titularidad de la vía que vertebra el eje atlántico, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ha contestado que el Congreso tiene abierto el trámite de la propuesta legislativa remitida por Galicia.

«En consecuencia, iniciada la tramitación parlamentaria, es en este ámbito en el que procede definir los términos de la transferencia», responde el Gobierno, en una contestación por escrita, recogida por Europa Press, con fecha del 13 de abril, es decir, de esta misma semana.

Precisamente, esta misma semana, el Parlamento de Galicia aprobó, con la unanimidad de los tres grupos –PPdeG, BNG y PSdeG– una iniciativa impulsada por nacionalistas y en la que los tres partidos han vuelto a votar a favor de la demanda conjunta, puesto que la normativa que se tramita en el Congreso entra «en tiempo de descuento». Así, la iniciativa tenía el objetivo de «garantizar la aprobación del traspaso en el plazo más rápido posible».

RESCATE DE LA AP-9

En otra respuesta ofrecida a los senadores gallegos del PP esta semana –adelantada por Faro de Vigo–, y sobre la cuestión de analizar juridicamente la posiblidad de revisar y dejar sin efecto la prórroga de la concesión de la AP-9, atendiendo al requerimiento de la UE, el Gobierno contesta que «esta cuestión está actualmente en estudio en la Comisión Europea como consecuencia de un procedimiento de infracción iniciado en septiembre de 2021» y todavía «no ha sido concluido», de forma que los expedientes están bajo sumario.

Así, el Gobierno «no tiene previsto actuaciones que puedan afectar a la relación contractural de la concesión actual».

En respuesta a otra pregunta, sobre los estudios necesarios para que la AP-9 sea libre de peajes «lo antes posible», el Ejecutivo central advierte que «supone un elevadisimo coste para la Administración» y que las autopistas de peaje están reguladas por una normativa específica con derechos y obligaciones.

«La supresión unilateral de dicho derecho, no solo rompería el equilibrio económico financiero de la concesión que la Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones si el desequilibrio se produce por decisión de la misma (administración); sino que también desvirtuaría la propia naturaleza contractural, al revocar el derecho esencial de una de las partes (el derecho a recibir la prestación económica pactada)».

En la respuesta por escrito, también con fecha del 13 de abril, se aborda también la posibilidad de aplicar en la AP-53 bonificaciones de peaje similares a las aprobadas en la AP-9, pero dice el Gobierno «que no es este caso comparable la funcionalidad de la autopista AP-9, eje vertebrador de la Comunidad de Galicia, con la autopista AP-53».

Así, añade que la decisión de implantar nuevas bonificaciones, que «supone un esfuerzo presupuestario para la Administración, siempre se toma por interés público, en función de un estudio de necesidades de los usuarios y tratando de mejorar cuestiones como la accesibilidad y/o seguridad, descongestión de otras alternativas o, en definitiva, mejorar la funcionalidad del sistema de transportes».