El BNG ha reclamado «menos propaganda y más DOG» como vía para reformar el modelo de residencias de mayores en la comunidad gallega, un proceso en el que los nacionalistas ven «anuncios» que no se acompañan de «hechos», lo que ha sido rebatido por el Partido Popular, que ha proclamado que la Xunta es «pionera» en la «transformación» de su sistema de atención a la tercera edad.

El proceso de cambio en el modelo de residencias de Galicia abierto tras la pandemia ha estado en el centro del debate durante la sesión plenaria que este martes ha comenzado en el Pazo do Hórreo, donde el Bloque ha defendido una moción, finalmente rechazada por el voto contrario del PP, que demandaba la remisión a la Cámara de la documentación de las decisiones anunciadas por la Xunta en la reforma del modelo de atención a mayores.

En concreto, la diputada frentista Olalla Rodil ha puesto en duda la traducción en realidades de anuncios como la orden para limitar a 25 usuarios las unidades de convivencia de nuevos centros, la implantación de un programa piloto de residencias inteligentes o la regulación de un censo único, anunciado para el primer tramo de 2023.

Para Rodil, la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha visitado hasta en dos ocasiones el hemiciclo «para anunciar lo mismo» sin que todavía existan avances en el anunciado proceso de remodelación de las residencias de mayores gallegas, un proceso que requiere «cambios normativos para convertir el humo y la propaganda en realidad». «La pandemia reflejó que no llegan cambios cosméticos ni hacer que se hace», ha apostillado.

«Cualquiera que escuchase la conselleira debería llegar a la conclusión de que Galicia está siendo pionera en la transformación del modelo de atención a las personas mayores», ha rebatido el diputado popular Alberto Pazos Couñago, que ha subrayado que «ninguna» comunidad autónoma del Estado «avanzó más» que Galicia, «una referencia» en la implantación de un nuevo modelo de atención a mayores.

En este sentido, Couñago ha repasado medidas como la convocatoria de cursos de formación para el personal a finales de 2021, la aprobación el pasado mes de octubre de la primera normativa gallega para regular las viviendas colaborativas –denominadas como ‘cohousing’– o la implantación de la historia clínica en los centros. «Algunos hablan en la prensa y otros en los boletines oficiales», ha espetado.

«El proceso de implantación (del nuevo modelo) debe ser gardual y realista. A todos nos gustaría que fuese más rapido pero necesitamos del esfuerzo y colaboración de todos. No me parece coherente pedir a la Xunta que pise el acelerador mientras que los que gobiernan en algunas administraciones pisan el freno», ha aseverado el diputado popular, que ha acusado a los gobiernos locales de Pontevedra, Vigo, A Coruña y Ourense de «bloquear» la construcción de residencias de mayores.

GALICIA, «A LA COLA» EN INSPECCIÓN

Otro de los aspectos en los que ha situado el foco la oposición ha sido la «carencia» de efectivos para llevar a cabo tareas de inspección en las residencias de mayores, un asunto en el que Galicia «está a la cola» del Estado, según ha denunciado la diputada del PSdeG Marina Ortega.

En este sentido, tanto la socialista como la nacionalista han denunciado que Galicia dispone «únicamente» de 16 inspectores para «todos» los centros que dependen de la Consellería de Política Social y que, de ellos, sólo 7 se centran en las residencias de mayores, lo que Ortega ha tachado de «irresponsabilidad».

Así, Olalla Rodil ha reclamado que aumente el cuerpo de inspectores y se «endurezcan» las sanciones a los centros que incumplan la normativa porque en la actualidad «sale más barato pagar las multas que subsanar las carencias de personal» al estar fijadas en cuantías «irrisorias», como revela el ejemplo de una residencia de A Coruña castigada con 3.000 euros por carecer de una enfermera.