El BNG ha propuesto incrementar las ayudas de la Xunta al alquiler para los jóvenes hasta «un mínimo de dos millones de euros», lo que supondría «duplicar la partida actual del Gobierno gallego». Piden además aumentar el parque público de viviendas «con el objetivo de alcanzar las cifras del entorno europeo», situadas en el 9%, «mientras que en Galicia representan menos del 1%».
«Urge actuar en la vivienda, junto en el ámbito laboral, frente a las preocupantes cifras de emancipación de la juventud que registra el país, donde cuatro de cada 10 jóvenes de entre 30 y 34 años no consiguen independizarse, lo que supone la segunda peor tasa de todo el Estado», recalcan en un comunicado.
Según la portavoz nacionalista de Vivienda, Alexandra Fernández, al «aumento continuado y abusivo» de los precios del alquiler inscrito en los últimos años hay que sumar «la falta de políticas sociales de vivienda por parte del Ejecutivo del PP, especialmente en el que tiene que ver con la vivienda protegida».
Fernández ha subrayado que antes de que antes de la llegada del PP al Gobierno, entre los años 2005 y 2009, el número de nuevas viviendas protegidas ascendía a 2.640, mientras que desde ese momento, con Feijó en la Xunta, «esta cifra bajó entre los ejercicios 2010 y 2020 hasta las 450 viviendas protegidas por año, seis veces menos vivienda protegida por año».
Recrimina además los «años de auténtico desierto» registrados entre 2015 y 2018, donde «esta media bajó a tan sólo cuatro viviendas protegidas por año y de las que solo una se puso en régimen de alquiler».
En esta línea, también ha advertido de las políticas desarrolladas en materia de ayudas al alquiler para la juventud, «con cuantías tan bajas que la mayoría de las personas solicitantes quedan excluidas y no pueden optar a ellas».
Sobre esto ha recordado que en 2019 apenas se destinaban 1,2 millones a estas ayudas, una cifra que bajó en 2021 a los 840.000 euros y, «lo que es peor, en el año 2020, en el peor de la pandemia, la Xunta ni tan siquiera las convocó».
LOCAL SINDICAL EN BETANZOS
Por otra parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas para reclamar al Ministerio de Trabajo la cesión gratuita del antiguo edificio sindical de Betanzos (A Coruña) para su utilización con fines sociales por parte del Ayuntamiento.
Explican que es el Ministerio de Trabajo el que tiene la titularidad del antiguo edificio sindical en Betanzos, «infraestructura construida en suelo propiedad del ayuntamiento y cedido de manera gratuita». El inmueble –conformado por dos edificaciones, una de tres plantas y otra de dos– se encuentra en un estado de «total abandono, con un grave deterioro tanto en el interior como en las fachadas».
«Es una demanda tanto social como institucional dedicar este edificio público abandonado al servicio de la ciudadanía y el Ministerio debería facilitar que se pueda dar un uso social a este inmueble», ha subrayado el diputado del BNG.
Sin embargo, según recalcan, el Ministerio insiste en que «la única vía de transmisión es la compraventa del inmueble». Así, en diciembre de 2019, el Gobierno local de Betanzos anunciaba públicamente un acuerdo para comprar el edificio sindical, que llevaba años tapiado, y que se iba a tasar para fijar el precio de venta. «Pero, casi dos años después, sigue sin conocerse se existió alguno avance al respecto ni cuál es el estado actual de las negociaciones», remarcan.