El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado varias iniciativas en la Cámara baja en las que insta al Gobierno a actuar para evitar la reducción de horarios de caja por parte de las entidades financieras.

El parlamentario del Bloque reclama al Ejecutivo estatal que tome medidas para solucionar lo que considera que puede suponer «una violación» de la normativa sobre la libertad de competencia y que las personas usuarias recuperen el derecho a tener unos horarios de atención adecuados para acceder a servicios financieros básicos.

En un comunicado remitido a los medios, Rego señala que en los meses anteriores a la declaración de las restricciones para la lucha contra la pandemia, varias entidades financieras socias de la Asociación Española de Banca y de la Confederación Española de Cajas y Ahorros comunicaron el cierre de los servicios de caja a partir de las 11,00 horas. Un servicio que, hasta ese momento, se prestaba hasta las 14,00 o 14,15 horas, dependiendo de la entidad.

Con esta decisión, que el BNG ve «motivada por criterios de rentabilidad económica», señala que las entidades están perjudicando de forma importante a los usuarios y usuarias. «La reducción de horarios afecta especialmente a aquellos colectivos vulnerables que, por su edad o por su dificultad de acceso a las nuevas tecnologías, dependen de la atención presencial personalizada», señala Rego.

El diputado nacionalista destaca que no existen motivaciones de tipo laboral que impliquen una necesidad de ajustar el horario y «tampoco puede alegarse como justificación una reducción de la demanda de este tipo de servicios». De hecho, sostiene que «es habitual» ver colas de personas en la calle delante de las entidades bancarias esperando ser atendidas.

Además, considera que «el hecho de que diferentes entidades», «de forma paralela y coincidente en el tiempo, estableciesen una reducción de los horarios de caja», indica que «se trata de una acción concertada», lo que es «claramente ilegal y debe ser investigado por las autoridades competentes» como la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC).

Ante estas cuestiones, reclama al Gobierno impulsar las modificaciones normativas y legislativas necesarias para garantizar el acceso en condiciones adecuadas a los servicios bancarios por parte de la población.