Dos procesos de selección de personal, uno vinculado a la Diputación de Lugo y otro a las plazas de la OPE 2017 convocadas pro la Xunta, han sido objeto de denuncia este lunes, por supuestamente beneficiar a dos veterinarios que fueron cargos del PSOE (en el caso de una denuncia que hizo el PP de la provincia) y por «blindar» una plaza pública para un alcalde del PP en excedencia, en este caso una denuncia de CSIF.

Aunque el sindicato no lo especifica en la denuncia pública, se refiere al regidor de Cervo, Alfonso Villares, que está en «excedencia forzosa» como regidor. Concretamente, CSIF denuncia que el pasado 11 de diciembre, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la convocatoria del proceso selectivo de consolidación de veterinarios (Grupo I, categoría 5), pero en la relación de plazas que se adjunta «se suprime una de las que estaban incluidas en la OPE 2017.

En esta Oferta de Empleo Público (OPE) de 2017 se publicaba la relación de plazas que iban a incluirse en la convocatoria del correspondiente proceso selectivo de consolidación de empleo temporal correspondiente a veterinarios, todas ellas convocadas por trabajadores temporales.

CSIF indica que, preguntado el director de Función Pública, José María Barreiro, la Consellería de Facenda decidió «cambiar el criterio seguido hasta ahora» y se convocan las plazas que están «efectivamente» ocupadas.

Uno de los trabajadores temporales afectado por el proceso de consolidación de veterinarios se encuentra en excedencia forzosa, con reserva de plaza, por su condición de alcalde. Con los criterios que se seguían hasta ahora, el regidor, al igual que el resto de trabajadores temporales, tendría que participar en la oposición para, en el caso de superarla, convertirse en personal fijo. En el caso de suspender perdería el puesto de trabajo.

Con el nuevo criterio, «en la práctica, aunque no participe en la oposición, seguirá manteniendo su puesto de trabajo de manera indefinida». Según CSIF, que no cita directamente quién es pero por los datos se infiere, el «beneficiario de este cambio de criterio es un influyente alcalde del PP de la provincia de Lugo, que pertenece al partido desde el año 1995 y, desde el año 2007, gobierna en su ayuntamiento con mayoría absoluta». «A su vez, tiene un cargo destacado en la Fegamp», añade como señas.

Consultado por Europa Press, el regidor de Cervo, Alfonso Villares, ha indicado que su situación sigue «como estaba» antes de la convocatoria de este proceso y recuerda que tiene su puesto de trabajo es indefinido. Además, y tras indicar que desconoce los criterios de la convocatoria de esta OPE, ha añadido que la administración «tiene que volver a situarle» en su puesto o en uno equivalente una vez termine su excedencia forzosa, como «cualquier cargo público» en su misma situación.

Por su parte, la Consellería de Facenda, consultada por Europa Press, ha indicado que no se trata de una única plaza, sino de doce. Se trata de plazas que «no están ocupadas en la actualidad, aquellas que se amortizaron por jubilación, fallecimiento o causas similares y que estaban ocupadas por personal indefinido que aprobó un proceso selectivo».

PROCESO DIPUTACIÓN DE LUGO

Por su parte, el grupo provincial del PP ha hecho pública su «desconfianza» ante un proceso de sustitución de veterinarios en la Diputación de Lugo en que los dos primeros clasificados son «conocidos socialistas que desempeñaron cargos públicos».

El portavoz popular, Javier Castiñeira, que estuvo acompañado del viceportavoz, José Antonio García, y del diputado Óscar Poy, mostró su «desconfianza». «Creemos tremendamente llamativo que los dos primeros seleccionados sean la exdiputada socialista y compañera en su día de José Tomé en el parlamento, Sonia Verdes, y como segundo clasificado el exconcejal de Lugo Xosé Daniel Piñeiro, que estos días es recordado por su pésima gestión de la antigua fábrica de la luz, por la que el Ayuntamiento fue condenado hace pocos días a pagar 2,4 millones de euros a la empresa», ha apuntado.

Para los populares, como mínimo, es un proceso en el que se «alinean todos los astros y coincidencias de forma inquietante a favor de estos dos socialistas».

Así, apuntaron que el proceso se aprobó el mismo día en que se declaró la situación de emergencia sanitaria en Galicia y un día antes del estado de alarma y se publicó «en pleno confinamiento», el 6 de abril. En el tribunal, destacan los populares, participó el director de la granja, a punto de jubilarse, que es un socialista que fue alcalde de Triacastela.

«Es cierto que los dos sacaron las mejores notas, tanto en el teórico como en el práctico, se ve que estuvieron muy aplicados en este sentido y los dos también tienen más méritos. Pero también los dos son los mejores en la entrevista personal, duplicando al tercero», ha señalado el representante popular.

El PP de Lugo denuncia la «falta de transparencia en el proceso». «Existen muchas coincidencias y el resultado es poco ejemplarizante para la administración», ha apuntado, al tiempo que añade que es «curioso que los dos primeros seleccionados pertenezcan a un partido político que es el mismo que el del principal grupo de gobierno provincial».

«MÁXIMA TRANSPARENCIA»

Frente a la denuncia de los populares, la Diputación de Lugo rebate, en un comunicado, las acusaciones de los populares para la creación de una lista de empleo temporal para la prestación de servicios en la institución como funcionario interino en el puesto de veterinario.

Así, el ente provincial defiende la «máxima transparencia», ya que el proceso fue publicado en el Boletín Oficial del Parlamento (BOP9 y en la página web de la institución. Además, se convocó y desarrolló de forma paralela con otros dos –administrativo e ingeniero técnico agrícola–, que tuvieron «mayor publicidad precisamente por la declaración del primer estado de alarma», ya que debido a ello se publicó dos veces –en abril y en junio–.

En cuanto a los tribunales de valoración, la Diputación destaca que, por norma, forman parte los jefes de servicio de las áreas correspondientes, siguiendo el principio de especialización. En este sentido, ha indicado que el director de la Granxa Gayoso Castro es jefe de servicio y, además, veterinario.

En cuanto a la corrección de las pruebas, incide en que se hace «siempre bajo el anonimato» y la puntuación de la entrevista personal» no incluyó en este caso en el resultado final del proceso ni en el orden de los seleccionados», dada la puntuación obtenida en la oposición. Así, aunque las otras personas hubiesen recibido la máxima puntuación en la fase de entrevista personal y las otras dos hubiesen obtenido cero, el resultado del proceso «sería exactamente el mismo».

Así las cosas, la Diputación de Lugo defiende que el proceso para la creación de este listado «cumplió cada uno de los principios» exigidos por la ley de proceso de acceso a la administración: publicidad, mérito y capacidad, por lo que exige al PP que «retire y rectifique públicamente sus falsedades al dañar gravemente la honorabilidad de los trabajadores públicos de la institución».

Además, el gobierno provincial considera que, señalar a personas por su trayectoria política y tratar de «coartarles la libertad de presentarse a procesos selectivos de acceso» a la administración pública es «propio de regímenes superados hace 40 años y de prácticas de la ultraderecha, la compañera de viaje que eligió el PP».