El Parlamento de Galicia ha retomado, en este primer periodo de sesiones de la legislatura, la tramitación de seis textos legislativos del Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo y que habían quedado pendientes de la pasada legislatura.
Concretamente, han iniciado su camino parlamentario la ley de ordenación del territorio, la ley de acción exterior, la ley de pesca continental, la ley de impulso demográfico y, desde este martes tras salvar las enmiendas de devolución de los grupos de la oposición –BNG y PSdeG– la ley de museos y la ley de residuos, que han sido defendidas por los conselleiros Román Rodríguez y Ángeles Vázquez, respectivamente.
A estos seis proyectos de ley hay que sumar, por un lado, la ley de presupuestos de la Xunta para el próximo 2021 y, por otro, la ley de medidas fiscales y administrativas, la conocida como ley de acompañamiento, que se tramitan de forma conjunta y entrarán en vigor a inicios del próximo año.
Además, a través del Grupo Parlamentario Popular, también están a trámite dos textos legislativos que han sido redactados en coordinación con los respectivos departamentos autonómicos y, de hecho, presentados de forma conjunta en la Cámara gallega: la ley de reactivación –que acaba de registrar el grupo y que cuyo debate está previsto para este mismo mes– y la reforma de la ley de salud gallega –que este martes también ha iniciado a trámite–.
A estos textos hay que sumar otras futuras leyes que estaban previstas también retomar de forma inminente, como es la ley del juego o la ley de recuperación agraria, que precisamente ha sido anunciada este martes por el Gobierno autonómico y que también será impulsada a través del grupo parlamentario para que pueda estar lista el primer cuatrimestre del próximo año.
En la defensa del proyecto legislativo de residuos, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha destacado que el texto «se adelanta» a la legislación estatal y actualiza la regulación de hace doce años, con objetivos sobre el tratamiento de residuos para el futuro, para una Galicia «resiliente» con un marco legal «completo, claro y seguro».
Entre otras cuestiones, los ayuntamientos gallegos tendrán que instaurar la recogida separada a finales del año 2023, para lo que el departamento autonómico ha dispuesto 25 millones de euros en los presupuestos del próximo año para la construcción de tres nuevas plantas de biorresiduos en la comunidad. La primera estará en vigor en Vilanova de Arousa y dará servicio a 25 ayuntamientos.
El texto establece reducir en un 30 por ciento los residuos de alimentos en el año 2025 frente al año 2010 y al 50 por ciento en 2030 –a lo que está vinculada la obligación de dar los sobrantes en restaurantes–. Fija la reducción de los residuos con respecto a 2010 en un 15 por ciento a cinco años, frente al límite de 2030 que establece la UE.
Por otro lado, destacó que el reto del llamado vertido técnico cero, es decir, que solo el 10 por ciento de la cantidad generada acabe en vertederos, está fijado para 2035, pero Sogama lo logró este mismo año.
Ángeles Vázquez ha subrayado que la ley de residuos aspira a «cerrar el círculo» de herramientas jurídicas y normativas necesarias para consolidar la posición de Galicia «a la vanguardia» de Europa en la materia. Así, vinculó con ello la aprobación en 2010 del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia y en 2016 el Plan de Residuos Industriales de Galicia (PRIGA), con vigencia hasta 2022.
Sobre este último, adelantó algunos resultados del informe en el que se hizo seguimiento de 7500 plantas autorizadas y en el que se concluye que el ritmo de generación de este tipo de residuos se está «desligando» del crecimiento económico. La comparativa entre 2016 y 2018 –último ejercicio del que se disponen de datos consolidados–, la Comunidad registró una disminución de residuos industriales.
Los grupos de la oposición –BNG y PSdeG– han criticado la falta de elementos vinculados a la educación social, que no incluye perspectiva de género –como, señalan los socialistas, recoge el informe de la Secretaría Xeral de Igualdade, y en nombre de los cuales intervino Paloma Castro– y que adolece de un «verdadero cambio de modelo Sogama», como ha dicho el diputado Luís Bará. Frente a ellos, la popular Marta Nóvoa destacó que se trata del «impulso definitivo» para la recogida selectiva y separada.
LEY DE MUSEOS
Por parte de la ley de museos, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha remarcado que el futuro texto, de carácter técnico, dijo, pondrá un marco para 94
Además, Rodríguez ha destacado que será la primera ley que regule de forma autónoma e independiente un sector que se verá reforzado con un 12 por ciento más de inversión en 2021. En este sentido, ha destacado que el próximo año se celebra el Xacobeo y que, por lo tanto, se prevé una intensa actividad en este ámbito.
Antes de la pandemia, las instituciones museísticas sumaban 1,5 millones de visitantes anuales entre colecciones museográficas y centros de interpretación del patrimonio cultural. «El texto define sus funciones con una perspectiva contemporánea, plural e integradora», ha remarcado el conselleiro, quien también apeló a que tiene en cuenta la perspectiva de género y la diversidad para la inclusión social.
Mediante esta ley, se creará el Consello de Centros Museísticos de Galicia, cuya conformación ha sido cuestionada desde las bancadas de la oposición, entre otros motivos, por no incluir al Consello da Cultura Galega.
Precisamente, la diputada del BNG Mercedes Queixas ha denunciado esta exclusión y que no se tuviese en cuenta este organismo para la elaboración de esta ley. Así también lo constató la diputada del PSdeG Noa Díaz, quien también reprobó que no se tengan en cuenta a los municipios a través de la Federación de Municipios e Provincias (Fegamp) para la coordinación de las políticas museísticas.
Queixas también ha lamentado que hay «grades museos olvidados», como el Carlos Maside, o centros de interpretación en «riesgo» de desaparición, como el centro de interpretación etnográfico de Oseira, en San Cristovo de Cea. Frente a ellos, el diputado popular José Luis Ferro señaló que el documento dota a los centros de una función «amplia, plural e integradora».
RECHAZO DE LAS MOCIONES
Por otro lado, han sido rechazadas, al igual que las enmiendas de totalidad, las tres mociones que se han debatido en la sesión de esta mañana en la Cámara autonómica.
Las iniciativas, derivadas de las interpelaciones del pasado pleno, versaban sobre el impacto en la economía gallega de la «consolidación» de la pobreza y exclusión social y sobre actuaciones para paliar el impacto de la covid-19 en el sector cultural, a cargo del BNG; y sobre actuaciones relacionadas con la crisis derivada del coronavirus, a propuesta del PSdeG.