La Comisión Europea iniciará una investigación preliminar sobre la situación de las residencias de mayores privadas situadas en Galicia durante la pandemia después de que Esquerda Unida (EU) la denunciase.

En concreto, la formación se dirigió a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para solicitar que se investigasen «la falta de medios y la vulneración de los derechos de las personas de edad avanzada» en residencias gallegas. También pidió que se abordase «su discriminación en la asistencia sanitaria» durante el estado de alarma aplicado por la crisis de la COVID-19.

La Comisión de Peticiones ha aceptado la demanda y ha pedido a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre la situación de las residencias. Además, ha trasladado la petición a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria por tratarse de las competentes en ese ámbito.

En una rueda de prensa celebrada este martes en Cangas (Pontevedra), la coordinadora nacional de EU, Eva Solla, ha celebrado la respuesta del Parlamento Europeo y ha avanzado que se trasladará a distintos colectivos que el proceso de adhesión a la investigación permanece abierto a la ciudadanía por si consideran preciso apoyarlo.

Así, ha incidido en que «hay que hacer fuerza» para que la Eurocámara y la Comisión Europea «investiguen» esta situación «porque la Xunta no tomó nota» pese a lo ocurrido en la primera ola de la pandemia, cuando fallecieron 294 usuarios de residencias a los que se han sumado 84 más desde junio.

En concreto, Eva Solla ha recordado que su formación advirtió, junto a colectivos y sindicatos, de la «falta de medios humanos y materiales» en las residencias antes de la entrada en vigor del estado de alarma. Además, ha señalado que antes de la pandemia el Consello de Contas invitó a redactar expedientes por falta de personal.

La coordinadora nacional de EU ha remarcado que esta situación, «derivada de la privatización del sistema de cuidados» y «la falta de personal», debe «tener una contestación». De este modo, ha esperado que la investigación «sirva para que la Xunta mueva ficha» y Galicia disponga de servicios de cuidados de personas mayores que «respeten» sus «derechos fundamentales».

«ABANDONO»

Así, ha tachado de «abandono y vulneración de derechos fundamentales» que algunos usarios de residencias privadas no fuesen trasladados a hospitales pese a que su situación empeoró tras contagiarse de COVID-19.

En este sentido, ha apuntado que el hecho de que en las residencias medicalizadas se instalasen respiradores muestra que había usuarios que precisaban ser trasladados a centros hospitalarios. «La falta de personal hizo que los cuidados (…) no fuesen los adecuados», ha denunciado.

También esta semana la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, informó de que presentará una denuncia en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara sobre la situación de las residencias de mayores durante la pandemia.

Adicionalmente, el pasado mes de julio, el Juzgado número 3 de Cangas admitió a trámite una denuncia presentada por las hijas de dos usuarias de la residencia de Aldán y abrió diligencias contra varios cargos de la Xunta y la consejera de DomusVi España.