El portavoz de Marea de Vigo-Son En Común, Rubén Pérez, ha exigido al gobierno local «contundencia» ante las «cláusulas abusivas» de mantenimiento de cuentas de Abanca que afectan a «miles» de residentes en la ciudad olívica y que la colaboración con la entidad bancaria se supedite a que a esta «rectifique el daño» causado a los mismos.

A través de un comunicado, Rubén Pérez ha incidido en la necesidad de que la cooperación en la recaudación municipal con Abanca y las cuentas de las que dispone el Ayuntamiento en la misma se condicionen a su rectificación. También ha demandado que el gobierno local y los sindicatos planteen «alternativas» para el fondo de pensiones de «varios millones de euros» del que se dispone en la entidad bancaria.

En este sentido, Rubén Pérez ha tachado de «abuso intolerable» el cobro de 50 euros de comisiones cada seis meses o de 28 euros por tarjetas de débito «incluso en cuentas bancarias cuyos ingresos son exclusivamente prestaciones».

También ha criticado que Abanca haya comenzado a trasladar costes de mantenimiento a «cuentas contratadas como ‘online’ para operar por internet sin comisiones», lo que, su juicio, representa un «abuso» y un «incumplimiento contractual». Por ello, Marea de Vigo-Son En Común ha remarcado la importancia de que estos hechos «tengan respuesta de las administraciones públicas».

Ante esta situación, la formación ha concluido que esta entidad bancaria «no está pensando en clave de país» y ha denunciado que haya trasladado a sus clientes que, para no soportar «comisiones abusivas», deben «domiciliar un nómina ligada a un contrato de más de un año de duración y a una tarjeta de crédito» con la que se realice un gasto mínimo. Así, Rubén Pérez ha afirmado que estas condiciones se encuentran «lejos de la realidad de miles de vigueses en este momento de incertidumbre y precariedad laboral».

Además, ha lamentado que Abanca «dejase de ser una entidad asentada en el territorio con objetivos no lucrativos en parte de su actividad», ya que, según ha recordado, cuando se trataba de una caja pública el 17% de sus beneficios debían destinarse a la obra social.

Mientras, ha reprobado que, en este momento, «funcione como un banco más con sede en Venezuela» y «sin ninguna preocupación» por la situación de sus clientes. De este modo, el portavoz de la formación ha denunciado que «muchas» oficinas de la entidad bancaria pusieron «problemas y pegas» para adelantar el pago de las prestaciones ligadas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y facilitar financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sin productos propios asociados.