El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, se ha reafirmado en la demanda «justa» de la Xunta al Gobierno central sobre la Unidad de la Policía Adscrita para «prestar los servicios con calidad» y evitar que «en algún momento se resientan» funciones que presta, como la protección de las víctimas de violencia machista.

Preguntado por las críticas que ha suscitado entre los partidos de la oposición que advirtiese de que la Policía adscrita dejaría de prestar funciones «que no sean de competencia autonómica», como la protección de víctimas de violencia machista, si el Ministerio de Interior no mejora su propuesta de financiación, el conselleiro se ha ratificado este viernes en que se trata de «una postura responsable».

«La postura de la Xunta vela por los intereses de las víctimas, de los gallegos», se defendió el responsable autonómico con competencias sobre la Policía autonómica. «Me llama la atención que algunos no lo comprendan y pretendan ver en esta postura otro tipo de comportamientos. Deberían de reflexionar sobre su postura y deberían estar apoyando a la Xunta en esta reclamación, porque creo que es justa», rebatió los ataques.

En declaraciones a los medios antes del acto de entrega de medallas de la Asociación Provincial de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil en Ourense, Diego Calvo ha insistido en que el Ejecutivo gallego está «dispuesto» a «llegar a un acuerdo» entre la «posición defendida por Galicia y la defendida por el Ministerio» para alcanzar un «punto intermedio».

NEGOCIACIÓN

La Unidad de Policía Adscrita de Galicia cuenta actualmente con 338 agentes, pero con la aspiración de cubrir las plazas pendientes y completar la plantilla de 500 agentes. Actualmente, el Estado paga los salarios y la Comunidad gallega la productividad de los policías y resto de costes de funcionamiento de la unidad policial.

Ahora el Gobierno exige asumir las nóminas al 50% y que los gastos de funcionamiento sigan corriendo a cuenta de la Xunta. El Gobierno gallego, por su parte, plantea que las condiciones vigentes continúen para los efectivos actuales, y las nóminas correspondientes a la cobertura de las nuevas plazas se asuman según las condiciones del Ministerio.

«Estamos dispuestos a llegar a un punto de acuerdo entre la posición defendida por Galicia y la defendida por el ministerio y poder llegar a un punto intermedio y aún así, hasta ahora no tuvimos suerte de convencer al ministerio», insistió el conselleiro tras la última reunión celebrada el pasado miércoles con el Gobierno central sobre este tema, cuyas negociaciones se extienden «ya un año y medio».

«Nos da igual que sea esta semana, la que viene o la siguiente, como si nos dicen que en enero. Si en enero se resuelve lo damos por bien hecho, el caso es poder resolverlo», ha incidido. Previamente ya había instado a que esta negociación «se pueda resolver cuanto antes».

Diego Calvo ha recordado que Galicia «está en una situación distinta al resto de comunidades autónomas», ya que «presta servicios que en otras no se están prestando» y, por ello la financiación de la Unidad de Policía Adscrita «podría ser de otra manera».

«Hay muchos efectivos dedicados a funciones que no le corresponden», ha subrayado, y ha expuesto que el Gobierno gallego enviará una carta al Ministerio para «pedirle una respuesta» a la reunión mantenida esta semana.

La Xunta argumenta que la protección en situaciones de violencia machista es de competencia exclusivamente estatal, pero desde 2016 se firmó un acuerdo para que Galicia cooperase en estas labores.