La decisión de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de permitir un regreso parcial del alumnado durante la desescalada ha suscitado la preocupación del profesorado, que considera que los centros no están preparados para asumir una especie de ‘simulacro’ de inicio del curso.
Es por ello que han solicitado, en declaraciones a Europa Press, la convocatoria de un encuentro o de la mesa sectorial del ramo para abordar las cuestiones que afectan a la organización, los procedimientos a seguir y sobre todo a las implicaciones en materia de prevención de riesgos, teniendo en cuenta que dos de estos sindicatos ya han presentado denuncia en la Inspección de Trabajo.
Suso Bermello, de CIG-Ensino, ha instado a la Consellería a «abandonar la dejadez en la que está instalada» y que trabaje para preparar todas las medidas necesarias antes de la incorporación del profesorado y los alumnos.
«No valen recomendaciones. Tiene que haber un protocolo legal, publicado en el DOG y negociado con las organizaciones sindicales», ha advertido, para avanzar que la CIG tomará «las medidas oportunas de carácter legal» para intentar impedir cualquier incorporación «sin existir esas garantías» de seguridad y salud.
Aunque estas organizaciones están a favor de permitir el refuerzo para el alumnado que se presentará a la selectividad, sí creen conveniente la necesidad de reforzar y reestructurar el personal docente, además de eximir a los grupos de riesgo.
Desde CC.OO. Ensino ha insistido en la importancia de analizar y evaluar los riesgos de cada puesto de trabajo y de elaborar protocolos específicos ante la COVID-19, una cuestión que «se ha eludido» por parte de la Xunta amparándose en las instrucciones del Ministerio de Educación.
«Los protocolos no son intercambiables por la situación específica de cada centro», considera, y exige «instrucciones claras» para sacar adelante estas jornadas lectivas presenciales y voluntarias, para advertir que «no se dudará en denunciar ante la autoridad laboral pertinente» cualquier situación «que ponga en riesgo la salud» tanto de las trabajadores como del alumnado.
CONTRA «EXPERIMENTOS»
Julio Díaz, de ANPE Galicia, ha pedido que se deje de «echar balones fuera», puesto que los centros están «muy pillados de tiempo» mientras se toman medidas «a salto de mata».
Para Díaz, el objetivo debería ser enfocarse en el curso que viene, para poder arrancar en condiciones y que no debe pasar por una «educación de dos velocidades» debido a la falta de recursos de las familias.
«Hacer experimentos a final de curso no va a ser bueno», ha apuntado, para recordar que le Organización Mundial de la Salud ya está advirtiendo del «repunte importante» de casos de la pandemia, lo que obliga a preparar debidamente el sistema.
«Es excesivamente prematuro», ha reiterado, para advertir que el comité de Salud Laboral no ha tenido «ni un solo contacto» de Educación para estudiar las medidas necesarias.
Paula Carreiro, de FeSP-UGT, ha considerado que «no debería ir ninguna etapa educativa a los centros» en este momento, y ha reprochados que la Consellería lanzase «al aire» su propuesta, sin negociar con los representantes del profesorado, a pesar de haberse reunido el día anterior.
Además de las cuestiones de prevención de riesgos, todavía se desconoce el alumnado por aula, el profesorado que tendrá que acudir, y la metodología para poder compatibilizar esta reincorporación con la teledocencia.
«Puede implicar una carga muy importante para el profesorado y tienen que delimitar bien la forma en la que van a hacer las cosas», ha señalado, además de todo lo relativo a los derechos de conciliación.
LAS FAMILIAS, «OLVIDADAS»
Otra de las partes importantes de este debate la forman las familias, y más en concreto las confederaciones de ANPA, que se consideran «las grandes olvidadas» por las administraciones públicas.
Rogelio Carballo, de la Confederación Galega de ANPA de Centros Públicos, ha manifestado sus dudas sobre la asistencia voluntaria, y ha lamentado que el Gobierno sea «incapaz» de concretar una «directriz explícita», lo que provoca «una inseguridad tremenda» y que «no se puede dejar al arbitrio».
Sobre todo, ha insistido en que la falta de un protocolo sanitario específico para el sistema educativo revela que la acción de Gobierno la parte «más olvidada es la familia», y esta situación «no se puede mantener indefinidamente», con la mirada puesta en septiembre.
CUESTIONES SIN RESOLVER
Patricia Pérez, de Congapa, ha apuntado además la preocupación de los padres por la falta de pautas para cuestiones como los libros de texto, la devolución de manuales en préstamo o las medidas de seguridad.
«Quedan muchos aspectos por ver», ha asegurado, mientras las familias siguen sin saber nada y llaman a las organizaciones para pedir información que no facilita la Administración.
Desde Anpas Galegas, Fernando Lacaci ha censurado el proceder de la Consellería de Educación y ha recordado que la Xunta todavía «tiene que aclarar mucho lo que pasa con la franja de 0 a 3 años». «Si algo queda claro es que no está haciendo nada», ha reprochado, al quedarse esperando a lo que diga el Gobierno central.
