El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado la determinación de la Xunta de «acabar con cualquier acto de violencia» en el ámbito sanitario ante los profesionales asistentes a la Jornada de presentación de la modificación de la Ley de salud de Galicia por la que se establecen medidas de prevención y protección integral contra la violencia del sistema de salud de Galicia.

En el acto, celebrado en el salón de actos de la Consellería de Sanidade y en el que también ha participado la secretaria xeral técnica de la Consellería, Natalia Lobato, el conselleiro ha destacado la «visión jurídica, profesional y social que se refleja en la Ley, con la que la Xunta eleva la protección del personal de la sanidad al máximo rango normativo».

Según ha apuntado, el Gobierno gallego da así un paso más en la prevención y protección frente a las agresiones ya que en 2025 el número de episodios de violencia en la sanidad pública fue de 950. De ellos, tal y como ha destacado el conselleiro, 344 fueron agresiones físicas. Además, de ese total, 317 se produjeron en consulta pero también hubo agresiones en calle.

Por ello, las medidas frente a las agresiones que se recogen en la ley contemplan actos que suceden dentro y fuera de los centros sanitarios. Además, del total de episodios de violencia, 300 tuvieron lugar en el ámbito de la atención primaria; más de 560 en la atención hospitalaria; y 71 en emergencias extrahospitalarias.

Para atender a esta realidad, «Galicia es pionera» por ser la primera comunidad autónoma que incluye los técnicos de emergencias sanitarias y del 061 entre el personal a proteger.

Además, la protección se amplía a todas las categorías profesionales, incluido personal de administración, admisión, transporte e inspección, tanto en el ámbito público como en el privado.

Asimismo, entre las nuevas medidas que contempla la reforma legal, está que el profesional pueda suspender la atención a un paciente si hay grabaciones sin su consentimiento. También hay un apartado en la ley dedicado al acoso y al ciberacoso como nuevas formas de violencia.

En lo que se refiere a los infractores, podrá asignarse un profesional distinto u otro centro de salud para proteger la víctima. Asimismo, el personal que sea agredido en su trabajo tendrá derecho a la movilidad laboral. En paralelo, se ponen en marcha un registro confidencial para inscribir todos los actos de violencia que sean sancionados y se impulsarán campañas informativas para sensibilizar a la ciudadanía.

Otra medida de prevención será la capacitación en manejo de conflictos, que será obligatoria para el nuevo personal y que contará como mérito en la carrera profesional.