La Comisión de Cultura ha aprobado este martes una proposición del PPdeG en la que insta a la Xunta a reclamar ante el Gobierno del Estado la puesta en marcha de «mecanismos que garanticen la viabilidad» de las cafeterías de centros educativos afectadas por la prohibición de venta de ciertos productos.

La proposición, además, también exige que el Gobierno de España «evalúe el impacto económico» de esta normativa «sobre los pequeños negocios y autónomos» que prestan servicios en estos centros, y pide la defensa de un «modelo de promoción de hábitos saludables que cuente con la implicación de las familias y de la comunidad educativa» en su conjunto, «evitando trasladar de manera exclusiva esta responsabilidad a los centros y a sus servicios complementarios».

Durante su turno de intervención, la diputada popular Cecilia Vázquez ha criticado la afectación que la norma de comedores escolares está teniendo sobre las cafeterías de centros educativos, que no pueden vender cierto tipo de productos. Al inicio de este curso, más de 50 centros han arrancado sin cafetería por las dificultades en matener la viabilidad, alegan sus propietarios.

«Es fácil decidir desde el BOE lo que puede vender una cafetería, pero es difícil garantizar que siga abierta», ha dicho Cecilia Vázquez, que ha pedido al Gobierno central «más evaluación y menos imposición» en relación a esta cuestión. También ha reclamado «mecanismos» que permitan «garantizar la viabilidad» de estos negocios.

Finalmente, ha incidido en la parte social de esta problemática, recordando que «no se cambian los hábitos alimentarios de un adolescente solo prohibiendo» que se vendan determinados productos en el instituto. «Es una responsabilidad compartida con las familias y la propia comunidad educativa», ha señalado.

ABSTENCIÓN DE PSDEG Y BNG

La iniciativa ha sido aprobada con los votos del PP, pero ha contado con la abstención tanto del BNG como del PSdeG que, además, ha presentado una enmienda que ha sido rechazada.

En su intervención, Aitor Bouza (PSdeG) ha apelado a la Xunta y a «sus competencias» en materias como salud o educación. «Algo tendrá que decir», ha afirmado, «¿O solo se va a quejar?».

Bouza ha cuestionado «cual es la propuesta del PP frente a este Real Decreto» que, ha recordado, «desarrolla una ley de 2011», esto es, de hace 15 años.

Por su parte, la nacionalista Cristina Fernández Davila ha dicho que esta cuestión va más allá de las cafeterías escolares y abarca un «problema social» en marcado en «las enfermedades derivadas de la mala alimentación.

«Es necesario corregir la alimentación, pero es imprescindible educar y sensibilizar sobre el problema», ha dicho Fernández Davila, apuntando la responsabilidad de la Xunta en materia de promoción de la vida saludable.