El secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, ha apuntado que el anteproyecto de ley para la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa, la primera privada en Galicia impulsada por Afundación, se encuentra preparado para su tramitación en el Parlamento de Galicia y ha defendido que su implantación representa «un derecho amparado en la Constitución».
En respuesta a una pregunta del PPdeG en la Comisión de Educación e Cultura, Díez de Castro ha explicado que, tras la autorización del Gobierno central y el paso por el Consello de la Xunta, la Cámara gallega deberá dar luz verde al anteproyecto de ley. Así, ha detallado que podrá comenzar «un nuevo turno de modificaciones, informes y trámites» para permitir la implantación de la docencia, la investigación y el programa de doctorado de la universidad.
Asimismo, ha apuntado que, si la Cámara autonómica aprueba el anteproyecto de ley, será preciso que el Consello dé luz verde a un decreto mediante el que autorice la desascripción del Ieside de la Universidade de Vigo (Uvigo) y el inicio de la actividad de la nueva institución de educación superior, ya que la normativa autonómica «prohíbe esa simultaneidad».
Además, ha explicado que será preciso que se solicite el reconocimiento de la Xunta para la creación de las facultades e institutos de investigación de la universidad privada, así como que se autorice la implantación de las titulaciones que se busca impartir, que suman cuatro grados y cuatro másters. En todo caso, ha confiado en que, si no se presentan demoras o problemas en la tramitación, la puesta en marcha de la nueva universidad pueda tener lugar en el curso 2022-2023.
El secretario xeral de Universidades también ha resaltado que la creación de una institución de educación superior de carácter privado representa un «derecho amparado en la Constitución», por lo que «lo único que se puede hacer» ante una solicitud de esta índole «es comprobar si las normas autonómicas y estatales se cumplen o no» y actuar en consecuencia.
Precisamente, ha remarcado que el ministro de Universidades, Manuel Castells, se mostró favorable a la creación de instituciones de educación superior privadas de calidad y ha subrayado que el expediente relativo a la impulsada por Afundación «fue revisado por 11 órganos», así como que un estudio técnico del Ministerio corroboró el cumplimiento de los requisitos para su implantación. Respecto al informe desfavorable del Consello Económico e Social (CES), ha explicado que se subsanaron los aspectos contemplados.
Adicionalmente, Díez de Castro ha apuntado que el real decreto que se publicará en los próximos meses en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que requerirá que las universidades ofrezcan titulaciones en tres disciplinas de conocimiento no afecta a este proyecto dado que su tramitación comenzó de modo previo.
También ha indicado que el Real Decreto de organización de las enseñanzas universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad incluye una disposición mediante la que se establece un periodo para que las instituciones puedan adaptarse al mismo.
