Representantes de la Asociación TREGA (Traballadores de Residencias de Galicia), del colectivo REDE (de familiares de usuarios de centros geriátricos) y del Movemento Galego pola Defensa das Pensión (MODEPEN) se han concentrado este jueves ante la delegación territorial de la Xunta en Vigo para denunciar la situación de la residencia de mayores de Salvaterra, intervenida por la administración, y de todos los centros geriátricos en los que «parece que no se ha aprendido nada de la primera ola de la pandemia de COVID».

Así, el presidente de MODEPEN, Gonzalo Balo, ha criticado que, pese al «sufrimiento» de los primeros meses de la pandemia, con miles de muertos de residencias de toda España y cientos de Galicia, «ni la administración ni las empresas hicieron nada» para evitar que esta segunda ola llegase a los centros con consecuencias «aún más graves».

En la misma línea, la portavoz de TREGA (colectivo que denunció ante Política Social y ante el Sergas la situación de la residencia de Salvaterra), Cristina Moreno, ha subrayado que el principal problema de los centros geriátricos es la falta «sangrante» de personal, y ha denunciado que las inspecciones no son efectivas porque las direcciones de los centros las conocen con antelación.

Según ha lamentado, «parece mentira» que, tras una primera ola pandémica, los trabajadores de las residencias sigan trabajando «con mascarillas quirúrgicas» y solo dispongan de mascarillas FFP2 «cuando ya se ha detectado un contagio». «Falta personal, el que hay no da abasto para atender a los usuarios, para ponerse y quitarse los EPI correctamente, no se respetan los circuitos de limpio-sucio», ha criticado.

Los colectivos convocantes de la concentración ha subrayado que el problema de fondo de las residencias es el modelo de gestión, que favorece el «progresivo deterioro de la atención» al confiar un servicio básico a empresas privadas, guiadas por el «mercantilismo» y el «negocio». A ello se suma que, en el actual contexto de pandemia, la Xunta «ha mirado para otro lado», demostrando su «inoperancia».

Por todo ello, han vuelto a reclamar el «inmediato cese» de Berta Besada, jefa del servicio de Inspección de Maiores e Discapacitados; la «plena recuperación de la gestión pública» de las residencias; y el inicio de la construcción de los centros anunciados para las siete grandes ciudades, porque Galicia tiene un déficit de más de 10.000 plazas y el 76 por ciento de las que hay están en manos privadas.