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Familias de usuarios de residencias piden una investigación en la Cámara «por obligación moral» y ven al PP «receptivo»

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La Federación REDE, que agrupa a las asociaciones gallegas de familiares y usuarios de residencias, llevó su petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en los geriátricos a los grupos con representación en la Cámara gallega, ante los que defendió que debe hacerse «por ética y por justicia, por calidad democrática, por obligación moral».

Tras su reunión ayer con el grupo parlamentario del PPdeG, los representantes de REDE manifestaron este jueves que los populares se mostraron «receptivos» a esta petición de investigar lo ocurrido desde el inicio de la pandemia en las residencias y que su portavoz, Pedro Puy, les transmitió que están «abiertos» a esa indagación y admitió que las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la información.

Tanto el BNG como el PSdeG se hicieron eco de la petición y registraron iniciativas para solicitar la creación de una comisión de investigación, para lo que los nacionalistas recurrieron al artículo 52 del Reglamento del Parlamento y los socialistas, a una proposición no de ley y a plantearlo en la Mesa.

De acuerdo con REDE, Pedro Puy hizo referencia a que hay otras herramientas, como las comisiones especiales de estudio y análisis, que permiten analizar lo ocurrido.

El presidente de la federación, Paulino Campos, destacó que Cataluña y Madrid han propuesto y tienen en marcha ya comisiones de investigación sobre las residencias de mayores y consideró que la constitución de una en Galicia «es obvia e higiénica» tras «el desastre de marzo y abril».

La situación generada por la covid-19 en los centros geriátricos gallegos es «la mayor catástrofe humana después de la Guerra Civil», por lo que las familias y la sociedad en general merecen «explicaciones oportunas y veraces» para «también aprender de los errores» y afrontar la situación actual, «que empieza a ser muy grave». La información es «vital para acometer también el diseño de otro modelo de residencias y de servicios sociales dignos y humanos», defendió Campos.

Los representantes de las familias también trasladaron al PPdeG que sigue habiendo un «baile macabro e indigno» de cifras de muertos relacionados con residencias y que la Xunta no es transparente con los datos. Puy, agregó REDE, les trasladó el compromiso de interesarse por las razones por las que familiares no disponen de «información cierta» y por los incumplimientos en la normativa sobre visitas que denuncia la federación.

INCUMPLIMIENTOS EN LAS VISITAS

De acuerdo con REDE, el 95 por ciento de las residencias, sin tener en cuenta las que están en áreas con grave riesgo de contagios, «incumple la actual normativa» de la Xunta, que establece una visita de una sola persona por residente y de una hora de duración. No obstante, «gran parte» de los centros, incluidos los públicos, impusieron una sola visita de media hora a la semana.

En este sentido, los familiares denuncian la postura «laxa» y «connivente» de la Xunta en la vigilancia del cumplimiento de las normas, lo que va «en detrimento de los derechos de las familias y de las usuarias».

Además, mostraron su preocupación por el «deterioro psíquico y físico» de los mayores tras «tres meses de confinamiento extremo». En muchos casos, afirman, el agravamiento de las patologías crónicas «es tan peligroso como el contagio por coronavirus». Esto está quedando «en segundo plano» en la pandemia y no hay un control por parte de especialistas de neurología, psiquiatría o psicología, denunciaron.

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