La Fiscalía Superior de Galicia ha remitido a la del Tribunal Supremo las denuncias y documentación relativas a los cambios en la sección de eólicos del Tribunal Superior de Xustiza.
Así consta en un escrito de la Fiscalía gallega, con fecha del pasado 29 de mayo, remitido a los medios de comunicación por la CIG, que se encuentra entre los colectivos denunciantes.
Tanto esta central sindical –la mayoritaria en la comunidad– como la asociación ecologista Adega destacan en un comunicado que la Fiscalía Superior de Galicia acaba de comunicar a varios miembros de la coordinadora ‘Eólica Así Non’ que abrió «diligencias de investigación preprocesal» por este asunto.
Las denuncias eran por presunto delito de prevaricación ante los cambios realizados en las secciones de lo contencioso-administrativo del TSXG, en el contexto de la paralización de numerosos proyectos de parques eólicos por todo el territorio gallego.
En esta fase de diligencias de investigación preprocesual, la Fiscalía gallega acuerda inhibirse y dar traslado de las denuncias a la Fiscalía del Tribunal Supremo, al no poder investigar a las personas señaladas por su condición de aforadas ante la sala segunda del Supremo.
«Por tanto, corresponde al Alto tribunal del Estado continuar con la tramitación de las diligencias de investigación», destacan ambas organizaciones. En el escrito, la Fiscalía gallega precisa que se inhibe y remite las denuncias «para los efectos procedentes».
La notificación da respuesta, así, a la denuncia presentada hace unas semanas por una veintena de colectivos de la coordinadora ‘Eólica Así Non’, que pedían investigar si la decisión de la nueva presidenta de la sala de lo contencioso-administrativo, Azucena Recio, de cambiar los litigios eólicos de la sección tercera a la segunda «pudiera ser constitutiva de un delito de prevaricación».
Para la coordinadora, las alteraciones «arbitrarias» en el reparto de asuntos, «hechas en paralelo al traslado de magistrados de la sección tercera de la sala de lo contencioso» –Luís Villares fue enviado de esta a la cuarta–, se aplicaron «para satisfacer el interés expresado por la Xunta y empresas del sector eólico en los procesos relativos a las autorizaciones de líneas eléctricas».
Los colectivos que presentaron escrito de denuncia en la Fiscalía fueron, junto a Adega y CIG, SLG, Fruga, ORGACCMM, Acouga, Amigas da Terra, Asociación Vento Libre, Asociación Fonte Seca, Asociación Tarabelada, A.C.I.B.A.L. (Amil Sen Eólicos e Colectivo do Vento), Plataforma Eólicos no Morrazo Non, Cerdido Di Non, Ortegal Di Non, Asociación de Veciños/as do Couzadoiro, Asociación Lobo, Nova Escola Galega, Amigos do Patrimonio de Castroverde y Asociación Veciñal Agra de Orzán.

