La Xunta ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a la instalación de una nueva planta de fundición de chatarra de aluminio en el ayuntamiento de Coirós (A Coruña). Con todo, el proyecto estará condicionado a que se cumplan tanto lo recogido en el estudio de impacto ambiental y en el resto de la documentación presentada por el promotor, como los condicionantes y el programa de vigilancia ambiental que figuran en la propia declración.

Según consta en la resolución de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la que ha informado la propia Xunta este viernes, la iniciativa, promovida por Aluminios Cortizo SA y que se localizará en el centro gestor de residuos no peligrosos que tiene actualmente la empresa en el parque empresarial de Piedra Partida, es ambientalmente viable.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha señalado que la DIA fue elaborada en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental común del proyecto, un trámite durante el que la declaración y la autorización ambiental integrada fueron tramitadas conjuntamente.

La Xunta ha explicado que, al mismo tiempo, la documentación presentada por el promotor fue sometida la participación pública, con un resultado de 10 organismos y entidades consultados.

Fruto de las consultas realizadas, la mayoría de los informes sectoriales emitidos realizaron la valoración correspondiente y establecieron una serie de condiciones que se añaden a las incluidas en el propio programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad.

En este sentido, la Xunta ha precisado que los organismos consultados consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos nos sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud; aguas y lechos fluviales; suelo e infraestructuras; gestión de residuos; patrimonio natural e integración paisajística, entre otros.

Una vez emitida esta declaración, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitirá la resolución al órgano sustantivo y se le dará publicidad a través del Diario Oficial de Galicia y de la página web de la Consellería.

El ámbito de análisis de esta DIA son las acciones incluidas en el proyecto de Cortizo para poner en marcha una planta de fundición de chatarra de aluminio en el parque empresarial de Coirós, consistente en la modificación de la ampliación de la capacidad máxima de tratamiento de la fase de trituración y fragmentación del centro de valorización ya existente y que servirá como paso previo a la fusión de la chatarra.

El departamento autonómico ha señalado que la intención del promotor es realizar una serie de modificaciones en el proceso que se venía llevando a cabo en estas instalaciones, lo que obligó a someter el proyecto a autorización ambiental común, aunque no será precisa la construcción de nuevas edificaciones ni la ampliación de las existentes. La planta de fundición prevista implicará la instalación de las equipaciones necesarias para modificar el procedimiento de pretratamIento mecánico de la chatarra y tendrá una capacidad de fusión de 396 toneladas diarias.

IMPORTANCIA DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La Xunta ha destacado que el objetivo de una DIA es evaluar la integración de los aspectos ambientales de cada proyecto y determinar las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del territorio y de los recursos naturales tanto durante la ejecución y explotación como en el cese o desmantelamiento de las distintas iniciativas.

Así, apunta que cualquier proyecto industrial tiene un impacto en el territorio, pero sus efectos no pueden ser significativos, por lo que la DIA es el instrumento encargado de determinar cómo y de que manera se pueden minimizar, compensar o mismo restaurar las zonas afectadas por su puesta en marcha y durante su funcionamiento futuro.

La Xunta sostiene que se trata del trámite del más exigente como demuestra el hecho de que la mayoría de las declaraciones ambientales favorables emitidas por la Administración autonómica incluyen condicionantes generales y particulares así como un plan de vigilancia que es de aplicación al proyecto y cuyo seguimiento corresponde al órgano sustantivo.