Unións Agrarias urge a la Xunta a «ponerse ya» y «sentarse» a «consensuar» una nueva ley para regular el sector eólico, toda vez que la actual «no funciona» y los cambios normativos que introduce el Gobierno gallego cada año a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos suponen ir «parcheando». «La paz social no se consigue con rodillo», advierten.

En rueda de prensa, el representante sindical Jacobo Feijóo ha señalado la voluntad de Unións Agrarias de «aportar» su «voz» en este debate, con aportaciones que se basan en una experiencia de 20 años.

Por su parte, Félix Porto ha reivindicado que este sindicato lleva «20 años en el mismo sitio» y ha calificado de «curioso» que en tiempos del bipartito PSOE-BNG «los que estaban en la oposición», es decir, el PP, «mantenían una posición que hoy es radicalmente contraria». «Nosotros seguimos diciendo lo mismo», ha remarcado.

Con el objetivo de «hacer de la necesidad virtud» y tras «muchos años predicando en solitario», el sindicato valora que sus tesis «se están incorporando al menos en los preámbulos de las leyes», en referencia a la incorporación de criterios medioambientales y sociales en la puntuación de los proyectos.

En cualquier caso, muestra sus dudas por las fórmulas para materializar estos fines y subraya que estas tesis «tienen que llegar con contenidos reales que sean eficaces e implementables».

La idea es que «la eólica aporte al desarrollo rural, que no sea un problema, sino parte de la solución de los problemas», ha incidido Jacobo Feijóo.

SUS VALORACIONES Y PROPUESTAS

A su lado, José Antonio Diéguez, de Ventonoso, se ha pronunciado sobre algunas de las modificaciones que el Ejecutivo autonómico prevé aprobar a través de la ley de medidas fiscales y administrativas –la de acompañamiento a las cuentas públicas para 2025–.

En relación a las distancias, cuestión que «preocupa mucho» a Ventonoso y Unións Agrarias, Diéguez ha advertido de que el mínimo de cinco veces la altura de los aparatos se establece para suelo de núcleo rural delimitado, pero, de unas 30.000 aldeas, «solo unas 13.000 están delimitadas» y por tanto «el resto quedaría fuera de la protección».

Para lo no delimitado se plantean 200 metros como distancia y ahora la Xunta «añade por el ruido que generen». No obstante, para este responsable, «no fijar claramente una distancia» es «preocupante» y «puede generar inseguridad jurídica», de modo «que se pongan aerogeneradores y los vecinos denuncien ruidos». «Lo fijaríamos en 500 metros, sería una distancia prudente», ha señalado.

También advierte de que «no se propone nada» para el denominado efecto sombra de los aerogeneradores.

En lo que respecta a repotenciaciones, rechaza la obligatoriedad para los molinos de más de 25 años y, si bien concuerda en que «hay que reducir», cree que «no todos» deben ser sustituidos cuando pase ese periodo.

Frente a esto, las dos organizaciones proponen «inspección técnica» por parte de la Xunta, lo que también estiman que supondría evitar otro «berenjenal jurídico» al Gobierno gallego.

Por otra parte, entienden «excesiva» la meta de disminuir un 80% el número de aerogeneradores, ya que «es bastante complicado» y «no va a haber aparato de tanta potencia».

Por su parte, plantean «aprovechar» zonas en la que ya existe el impacto visual puesto que están implantados los parques en la actualidad y efectuar ahí las repotenciaciones.

Con la idea de que se «consigan puntos de conexión», apuntan a «duplicar o triplicar energía en donde ya están» los molinos, con lo que «se evitaría poner en zonas nuevas». Eso sí, Red Natura debería ser «una excepción» y habría que «irla vaciando» de eólicos.

En lo tocante al canon eólico, destacan que «hay que modificarlo» para cobrar por potencia instalada y no por aerogenerador, algo que llevan «años diciendo». Con todo, les parece que «por altura» sería «un poco ingenioso» y «no muy adecuado».

Todavía sobre este extremo, cuestionan «el reparto que se está produciendo ahora», que cuantifican en tres de cada cuatro partes para la Xunta y una para los ayuntamientos. «Creemos que debe ser un reparto más justo a los ayuntamientos, como mínimo el 50%», advierten.

Con las zonas de aceleración eólica están «de acuerdo» pero piden que «no se utilice un rodillo, sino que se consensúe con los agentes sociales».

También ha aprovechado el portavoz de Ventonoso para referirse a la comercializadora de energía que promueve la Xunta a través de RDG, la sociedad mixta en la que cuenta con el 30% y capacidad de veto. Esta organización se muestra «escéptica» sobre el anuncio de que se rebajará un 50% la factura de la luz a los vecinos y avisa de que quedan «por definir muchas preguntas».

En suma, Unións Agrarias y Ventonoso creen que «debe haber una nueva ley eólica» y reiteran que debe ser redactada con el «consenso de todos los implicados», porque, de no ser así, «van a tener los mismos problemas sociales».

Por último, solicitan «dar prioridad a proyectos que tengan PPA –acuerdos de compraventa de energía a un precio fijo durante un plazo determinado– con empresas asentadas en Galicia», para «que la energía que se produzca aquí se consuma aquí» y «los puestos de trabajo queden» en la comunidad.