Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) han pedido aumentar el peso de los criterios ambientales y sociales en la valoración general de proyectos en las subastas de energía eólica marina con respecto a los recogidos en el borrador de Real Decreto que regula la producción de energía eólica marina.

El proyecto de Real Decreto fue publicado para presentación de alegaciones el pasado 26 de febrero hasta el 25 de marzo.

Asimismo, las organizaciones instan al Gobierno delimitar el despliegue de este tipo de energía a los polígonos Zonas de Alto Potencial para el desarrollo de la Energía Eólica marina (ZAPER); hacer obligatorio el diálogo público-privado e incluirles en la nueva mesa de trabajo en la que se negociará la implantación de la eólica marina con todos los sectores interesados.

En este sentido, recuerdan la «urgencia» en la Unión Europea (UE) y España para lograr la neutralidad climática no más tarde del 2040, así como el compromiso de proteger al menos el 30% del espacio marino para el 2030. Para conseguirlo, hacen cinco propuestas.

La primera, limitar el despliegue de la energía eólica marina a los polígonos Zonas de Alto Potencial para el desarrollo de la Energía Eólica marina (ZAPER). En este sentido, instan a abrir estas ZAPER de forma escalonada y dando prioridad a aquellas que representen un menor grado de impacto ambiental.

A su vez, proponen que la Administración realice una Evaluación Ambiental previa para cada ZAPER para poder establecer un número máximo de aerogeneradores que podrían desarrollarse en el área y su ubicación óptima dentro de la misma. En todo caso, indican que se deberá excluir cualquier proyecto que pudiera colindar o solapar con Zonas de Uso Prioritario para la Biodiversidad.

En segundo lugar, insisten en aumentar el peso de los criterios ambientales hasta el 50% y los sociales hasta el 25% en la valoración general de proyectos en las subastas en vez del 30% reflejado en el borrador del Real Decreto. En este sentido, pedirán formalmente al Gobierno modificar la Ley del Sector Eléctrico para hacerlo posible.

En tercer lugar, critican que según el borrador del Real Decreto el procedimiento de concurrencia competitiva quedará concretado y regulado a través de una posterior Orden Ministerial, lo que a su juicio limita «significativamente» la participación pública durante el resto del proceso. En su opinión, es necesario desarrollar y fijar las condiciones de concurrencia competitiva en el borrador y a su vez, que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación lleve a cabo un informe antes de la redacción de la Orden Ministerial que dé apertura al procedimiento de concurrencia competitiva para valorar y ordenar las ZAPER según su nivel de impacto sobre la naturaleza.

En cuarto lugar, piden que la estructura y el formato del diálogo público-privado quede previamente definido y que cuente con la participación de las comunidades locales y las asociaciones de defensa del medio ambiente, además de con los sectores y administraciones públicas afectados.

Por último, las organizaciones instan a crear un Fondo Público para el Apoyo Socioeconómico y Medioambiental en cada ZAPER que sea alimentado por un canon a la generación de cada proyecto destinado a la financiación de proyectos y actividades que fomenten el desarrollo socioeconómico sostenible y la protección ambiental de la zona y las comunidades locales afectadas.