El comité de empresa de la fábrica de Ence, el comité de oficinas centrales y representantes de empresas auxiliares, así como sectores logístico y forestal, han convocado una manifestación por las calles de Pontevedra para el 30 de septiembre, viernes, a las 20,00 horas.

Esta movilización, que esperan que sea «masiva», se producirá tres días antes de que el Tribunal Supremo se reúna para dictar sentencia sobre el primero de los tres recursos de casación contra las sentencias de la Audiencia Nacional que declaraban la nulidad de la prórroga de la concesión de Pontevedra. Según informó la compañía en su informe trimestral a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el alto tribunal se reunirá el 4 de octubre.

«Con esta manifestación queremos poner latente delante de la opinión pública y la clase política nuestro deseo de seguir trabajando en Ence Lourizán antes del fallo de Supremo que va a decidir nuestro futuro», ha expresado el presidente del comité de empresa de la fábrica de Ence, Manuel Rivas. «Llevamos tres años viviendo una situación de agobio, incertidumbre e impotencia», ha apostillado.

La presidenta del comité de oficinas centrales, Ana Cedeira, ha añadido que: «A las puertas de una recesión económica, consideramos que cerrar una empresa responsable socialmente y rentable económicamente es una irresponsabilidad que pone de manifiesto la incompetencia de la clase política».

Según Ana Cedeira, los políticos «han participado en un bochornoso linchamiento a la clase obrera trabajadora». «Lejos de buscar soluciones racionales se han dedicado a engañar y a enturbiar con propuestas irreales», lamenta. Esta portavoz ha asegurado que la platilla de Ence está en una «situación límite», por lo que muestra el «deseo de que el Tribunal Supremo ponga sensatez y cordura en todo este proceso».

En estos momentos, la fábrica de Lourizán lleva casi dos meses sin actividad desde que la compañía se vio obligada a parar como consecuencia del bajo nivel del caudal del río Lérez debido a la sequía. Por este motivo, la dirección presentó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afecta a unas 60 personas cada día.

«Creemos que en siete o 10 días podremos estar arrancando o incluso ya en marcha», apunta Rivas, algo que suponen porque «el río está recuperando el nivel con las últimas lluvias», aunque ha recordado que la decisión depende de Augas de Galicia y de la empresa, que todavía no ha anunciado nada «oficialmente».

Por último, Ana Cedeira ha lamentado que «los políticos con esa irresponsabilidad, esa incompetencia, esa insensatez, ese egoísmo por su interés político, siempre nos han utilizado», por lo que les ha pedido que «basta ya» y que les dejen seguir trabajando en Lourizán.