El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha trasladado este lunes a representantes sindicales del área de Ferrol el compromiso del Gobierno con el futuro industrial de la comarca y ha reivindicado 111 millones para una transición justa por el cierre de centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

En el encuentro participaron José Antonio Díaz, de UGT; Manuel Anxo Grandal, de la CIG; y Santiago Gómez, de CCOO. Miñones se reunirá a su vez la próxima semana con integrantes de la mesa de transición justa de As Pontes para abordar la situación de los protocolos que, aseguró, «están a la espera de la firma de la Xunta».

El representante del Gobierno en Galicia lamentó que la Xunta «sea el único gobierno autonómico que aún no ha firmado los convenios, que ya están en marcha en otras comunidades», por lo que urgió al gobierno de Feijóo a «mostrar su acuerdo lo antes posible» porque se trata de un «paso necesario para empezar a poner en marcha proyectos generadores de empleo y actividad».

Miñones demandó la implicación de la Xunta para solucionar la situación de la zona, dado que tiene competencias exclusivas en materia industrial, y destacó otras iniciativas del Ejecutivo central, como la construcción de las fragatas F-110. Así, el próximo lunes empezará el corte de chapa, un proceso que cuenta con 4.317 millones de inversión y empleo durante diez años.

El delegado del Gobierno ejemplificó también el «compromiso» del Ejecutivo con la comarca en los 92 millones en infraestructuras, como la humanización de la avenida de As Pías (10,5 millones) o el acceso ferroviario al puerto exterior, «con una dotación», señaló, de 72,5 millones.

VALORACIÓN SINDICAL

Los sindicatos valoraron de manera distinta la reunión. Por parte de UGT, su secretario comarcal, José Antonio Díaz, la calificó de «positiva» porque Miñones demostró que «conoce la situación socioeconómica» y porque se compromete a «ser parte de la solución».

Sobre la partida de 111 millones del Fondo de Transición Justa, recordó que los va a gestionar la Xunta y manifestó que «lo lógico» sería que revirtiesen «si no íntegramente, sí mayoritariamente a esta comarca», dadas las cifras del paro y el impacto de la crisis industrial.

Díaz, no obstante, manifestó su «desconfianza» en que el gobierno autonómico comparta este punto de vista.

La CIG, por su parte, fue más crítica. Su secretario comarcal, Manel Grandal, lamentó que «no se pusiera ningún proyecto encima de la mesa» y que «no se diesen respuestas a las cuestiones que planteamos».

El portavoz de la central nacionalista agradeció que Miñones se comprometiese a interceder para que los sindicatos puedan reunirse con las ministras de Transición y Economía e instó a Gobierno y Xunta a crear, con las centrales, una mesa tripartita en la que abordar esas inversiones «tan urgentes para estas comarcas».

Grandal expresó su preocupación por la información recibida en el sentido de que la Xunta no ha firmado hasta ahora los protocolos de transición justa y aseguró que «a ver si por estrategia o capricho político entre PP y PSOE, la comarca se va a quedar fuera de ellos o va a llegar tarde».