La Federación Rural Galega (Fruga) ha pedido que el control del lobo «no caiga en manos privadas» y ofrezca una «especial protección» a los sectores ganaderos frente a los daños causados por la fauna silvestre, con lo que coinciden con la Consellería de Medio Ambiente, según han señalado en un comunicado.

Fruga ha hecho pública su petición tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 21 de septiembre, de una Orden que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazas, donde se incluye al lobo en el Lespre, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, de forma que queda prohibida su caza.

La asociación ha remarcado que coincide con la postura de la Xunta, que reivindica un «equilibrio entre la actividad agropecuaria y la prevención del lobo», pero con todo, han incidido en que «no están de acuerdo» con que, para llegar a ese equilibrio, «se pretenda delegar a competencias en las entidades privadas de caza».

«Estas entidades están organizadas para practicar una afición que comparten, y por lo tanto, no tienen entre sus fines responsabilidades que competen exclusivamente a las administraciones, por lo que no parece serio pretender hacer recaer sobre ellas la responsabilidad» de mantener el ese mencionado equilibrio, han señalado.

Este control privado, indican, «puede polarizar aún más la sociedad entre defensores y detractores de la caza, cosa que un gobernante nunca puede ni debe hacer». «Procuraremos puntos de encuentro, partiendo de que los costes de conservación del lobo no pueden recaer sobre las espaldas de los sectores ganaderos, sino que tendrá que ser responsabilidad de toda la sociedad», recalcan.

Para la federación, la consecuencia de dejar de considerar al lobo como especie cinegética es que «las administraciones, tanto la gallega como la estatal, se responsabilizan del control necesario, así como de la adopción de las medidas necesarias para hacer frente a los daños causados».

«Su inclusión en el Lespre no quiere decir que no se puedan realizar controles de su población allí donde se considere preciso», han insistido, motivo por el que han instado a Medio Ambiente a que «asuma las responsabilidades que le corresponden» y «no abandone sus funciones».

PLAN GALEGO DO LOBO

Por otra parte, la asociación animalista Libera! ha aplaudido la decisión del Gobierno respecto a la situación del Lobo, y ha instado a la Xunta a «establecer ya una protección integral del carnívoro».

Los animalistas «sospechan» que el Gobierno gallego «no ponía antes ya todo su compromiso en la tarea de conservación del lobo», afirmación para la que se basan en la aparición de cadáveres de estos carnívoros durante 2020 y 2021, en atropellos –«siendo o no intencionados»– y muertos por cebos envenenados.

Es por esto que Libera! pide que se refuercen los medios técnicos y humanos «para garantizar» la protección de este animal «de forma efectiva, pero sin olvidar la elaboración de campañas de sensibilización y de apoyo económico al sector productivo».

Los animalistas han recordado además que la exigencia de protección del lobo ibérico «viene d atrás», con la firma de España del Convenio de Berna y han criticado que «la actitud procaza y negacionista del gobierno de Alberto Núñez Feijóo choca de frente con la mano tendida que la Comisión Europea pone para las actividades primarias», como la agricultura.

«La UE ofreció financiar la totalidad de los métodos de prevención y las indemnizaciones por pérdidas ganaderas con parte de los fondos dedicados a España, y por extensión a Galicia. La respuesta de la Xunta ha sido siempre negarse a presupuestar y a solicitar estas cantidades, contribuyendo a que ganaderos criminalicen todavía más al lobo», han lamentado en el comunicado.

Así las cosas, los animalistas no hablan sólo de protección, sino también de proyección turística, por lo que proponen a la Xunta el diseño de «un plan de trabajo para los sectores turísticos de cada zona».

Explican que este dossier se ocuparía de identificar las potencialidades para incentivar actividades como el turismo responsable, el de observación o las «cacerías fotográficas» que están funcionando con éxito en el Parque Nacional de Doñana, en Andalucía. Además, podría ser financiado con fondos de la Unión Europea dedicados al desarrollo de las comunidades rurales.